El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción a otros dos imputados por el Ministerio Público por formar parte de la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Anti Pulpo.
Carlos Montes de Oca deberá cumplir tres meses de prisión preventiva y Paola Mercedes Suazo tendrá que pagar una garantía económica, presentarse ante el Ministerio Público en forma periódica y tiene impedido salir del país. Ambos son procesados por formar parte del entramado de corrupción que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez, quien estafó al Estado con miles de millones de pesos de los contribuyentes en relaciones comerciales con el Estado para las cuales aprovechó su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que “el Ministerio Público, una vez más, vino listo para presentar esta acusación y esperamos que en el menor tiempo posible se pueda conocer la audiencia preliminar”.
Explicó que, contra María Torres, quien había sido declarada inimputable por el tribunal, se dictó auto de apertura a juicio.
Sobre la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero en ese caso, dijo que, por haber tenido el conocimiento en ese proceso, remitió las actuaciones a la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Ahora, la coordinación deberá decidir si este juez continúa en el proceso o si sustituye y designa a un nuevo juez para el conocimiento de la audiencia preliminar de la Operación Anti Pulpo”, dijo, al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal.
“Nosotros lo que esperamos es que la coordinación pueda decidir este tema en el menor tiempo posible y que en la próxima audiencia podamos estar presentando la acusación de Operación Anti Pulpo”, dijo Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de ese órgano; Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Héctor García.
El juez Deiby Timoteo Peguero dispuso que Montes de Oca cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo San Cristóbal.
Por este caso el Ministerio Público acusó en febrero pasado a 27 personas físicas y 21 compañías mediante un extenso expediente por corrupción y lavado de activos de unas 3,500 páginas.
El proceso se sigue además contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien también aprovechó sus lazos familiares y su posición de vicepresidenta del Fonper para delinquir dentro del entramado de corrupción del que fungió como gerente operativo su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.
También, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de esa unidad estatal.
La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye entre otros a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
