El capo de la droga colombiano Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», compareció este martes ante la jueza que instruye su caso por tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York, para quejarse, a través de su abogado, de que no puede hablar con su familia ni recibir correspondencia.

En una comparecencia de trámite en presencia del reo vestido con el buzo color naranja de los presidios estadounidenses y con mascarilla, su abogado Alexei Schacht reclamó a la jueza Dora Irizarry que el mes pasado su cliente no pudo realizar la llamada mensual a un familiar o allegado a la que está autorizado. Tampoco recibe correo tradicional, ni siquiera documentos «necesarios para el caso», dijo.



La fiscalía adujo que en su posesión se ha encontrado un dispositivo electrónico con documentos en español, cuyo contenido está aún por determinar. Otoniel, que puede disponer de computadora, no tiene conexión a internet.

La próxima vista está prevista para el 18 de octubre y se espera que entonces se pueda fijar una fecha para el juicio del sanguinario capo del Cartel del Golfo, a quien la justicia estadounidense juzgará por «empresa criminal continuada» y «conspirar para manufacturar y distribuir cocaína» ya que el tercer cargo, uso de armas para el tráfico de droga, fue desechado debido a que no está incluido en los términos de la extradición del colombiano.



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Conocido también como «Mao», «Gallo» o «Mauricio Gallo», si es declarado culpable puede ser condenado a cadena perpetua. Su hermana, Nini Johana Úsuga, alias «La Negra», fue extraditada el pasado 1 de julio a Florida (Estados Unidos) para responder también por narcotráfico.

El fiscal del tribunal federal de Brooklyn, Breon Peace, dijo de él cuando fue extraditado a principios de mayo que es uno «de los capos de la droga más peligrosos y más buscados del mundo».

Desde su extradición, en Colombia, el Clan del Golfo ha matado a una veintena de policías en una exhibición de fuerza de cara a una eventual negociación con el próximo gobierno de Gustavo Petro, que asume el próximo 7 de agosto.

El futuro mandatario había planteado «negociaciones jurídicas» para que los ejércitos del narcotráfico entreguen las armas a cambio de beneficios penales.