El diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, presentó antes sus compañeros legisladores un anteproyecto que busca reformar la Ley 248-12 de Protección y Tenencia Responsables de Animales en República Dominicana.
Esta modificación establecería sentencia de unos 15 salarios mínimos y prisión que van desde los 6 meses hasta 3 años a los dueños de animales que no comulguen con las disposiciones de la ley para poseer animales considerados domésticos.
Fernández, en entrevista para El Nacional Digital, considera además, la creación de un departamento dentro de la Policía que se encargue para dar respuesta rápida y segura contra aquellos que maltraten animales.
Para que sea posible el cumplimiento de esta nueva ley, se establecerá una Procuraduría Especializada de Protección Animal, que según considera, pudiera ser instituida una vez sea promulgación la ley.
En la Procuraduría General de la República (PGR) existe actualmente la Unidad de Protección Animal, que supuestamente debe velar para que se cumpla la norma, sin embrago, la modificación sometida por el legislador de la FP, propone una Procuraduría Especializada para eso casos.
Se prevé que para poder ser aplicado los cambios a esta nueva normativa, es necesario crear el Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública.
Este departamento, será el guardián de evaluar y esterilizar los animales domésticos y callejeros desde un local físico establecido en cada provincia para esos fines, y las alcaldías, en conjunto con los distritos municipales, tendrán sus respectivas responsabilidades vía el Ministerio de Salud Pública.
El proyecto, considera dentro de la propuesta, otorgar un 2 % anual del presupuesto de las las alcaldías para sustentar la creación de albergues equipados para atender animales en condición de ambulantes.
Además, según otras de las propuestas a la reforma de esta ley, es que los gastos, resurgirían de los impuestos que cobran las alcaldías, en sus distintas demarcaciones y serán repartidos entre el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.
