El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el octavo mes de una «guerra» contra los remanentes de las pandillas, amparado en un régimen de excepción que lleva más de 55.600 detenidos, un enfoque que le genera halagos y críticas.

La ofensiva cambió de estrategia en las últimas semanas, al pasar de detenciones masivas a la búsqueda de los últimos «homeboys», como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.



Las autoridades apuntan a la red de colaboradores de las maras para atacar sus finanzas. Ya decomisaron un poco más de 2.000 unidades de transporte, entre microbuses, taxis y motos.

Identificar colaboradores de pandillas solo puede ocurrir «con la información que se obtenga de los mismos detenidos», explicó a la AFP Carlos Carcach, investigador de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).



Pero «no es fácil determinar (a quien detener) porque estos grupos de colaboradores más que hacerlo de forma voluntaria lo están haciendo bajo algún tipo de coacción», señaló por su parte Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA).

Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el oficialismo, acaba de prorrogar el régimen de excepción instaurado el 27 de marzo tras una escalada de 87 asesinatos en el país, el cual permite detenciones sin orden judicial.

«Lo que queda de las pandillas es cada vez más difícil de agarrar, ya no podemos hacer mil arrestos diarios, hacemos 80», admitió el mandatario en su última reunión con el gabinete de seguridad el sábado 15.

Para Bukele, es «importante» hacer nuevas reformas penales para «enjuciarlos como organización».

Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».

 

– Respaldo y crítica –

 

Una encuesta de la UCA publicada el martes mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.

Pero según el mismo estudio, 66 de cada 100 salvadoreños están en «desacuerdo» con las capturas sin una orden judicial.

«La población salvadoreña acumula más de 200 días sin garantías de procesos judiciales imparciales, transparentes y justos, debido a las siete prórrogas inconstitucionales» del régimen de excepción, denunció el miércoles Cristosal, una oenegé local de defensa de los derechos humanos.

Hasta el 18 de octubre, Cristosal daba cuenta de 80 personas muertas bajo la custodia del Estado, y acumula 2.878 denuncias de afectados por el régimen de excepción.

 

– Políticas sociales –

 

El gobierno de Bukele está cerca de completar la detención de los 76.000 pandilleros fichados por la policía. Antes del régimen de excepción ya estaban encarcelados 16.000.

De los 55.630 detenidos, según la Policía, el 85% son hombres y el 15% mujeres. La mayoría de los detenidos  (69,1%) son acusados de pertenecer a la MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Luego están los señalados de integrar dos facciones de Barrio 18: Sureños (17,6%) y Revolucionarios (12,5%). El resto son de bandas minoritarias.

Pero según el analista y vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS), Dagoberto Gutiérrez, «el éxito no está en las personas detenidas, sino de la forma y calidad de las medidas políticas y económicas en el terreno social, que permitan evitar la reproducción del fenómeno pandilleril».

Cada pandillero tiene una familia que «vivía de la renta (extorsión) total o parcialmente, pero que hoy no tiene ingresos», subrayó.

Para el director de Centros Penales, Osiris Luna, reinsertar a la sociedad a pandilleros que hayan «matado», es algo que «jamás» se va a poder lograr.

Para albergar a unos 40.000 detenidos, el gobierno construye una gigantesca cárcel en Tecoluca, en el centro del país.

 

– Casa por casa –

 

El gobierno de Bukele busca pandilleros casa por casa.

AFP acompañó un operativo en la populosa ciudad de Soyapango en la periferia este de San Salvador. En la comunidad Villa Kiwanis no se ven hombres ni muchachos mientras los policías interrogan a los residentes de las modestas casas de paredes de cemento y láminas de metal.

Una mujer que está con su hija le dice a los policías que su esposo y sus otros dos hijos están presos. De inmediato, los agentes le solicitan su documento de identidad y corroboran que tiene antecedentes penales.

La mujer reconoce que fue detenida en el marco del régimen de excepción, pero recientemente fue liberada y trabaja en una panadería, único sustento del hogar. Tras escucharla, los agentes se marchan.