Buenos Aires, Argentina. Un tribunal condenó el martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción cuando presidió Argentina de 2007 a 2015, un fallo que la líder peronista atribuyó a una «mafia judicial».

Kirchner, de 69 años, fue declarada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.



Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros.

«Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente», dijo el mandatario argentino, Alberto Fernández, poco después de la decisión, llamando a la vicepresidenta «víctima de una persecución absolutamente injusta».



El fallo «es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso», escribió Fernández en Twitter.

La decisión en primera instancia abre asimismo un largo derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual podría postularse a cargos públicos.

Pero en una sorpresiva declaración tras la condena, Kirchner negó esa posibilidad.

«No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputada ni a presidenta de la nación» en las elecciones generales de 2023, dijo en las redes sociales.

La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.

«En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó», dijo en un largo discurso transmitido en las redes.

«La condena tiene un fuerte impacto político», declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga.

Pero «la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente». La sentencia sin prisión efectiva es «una decepción para los sectores antikirchneristas», apuntó.

– Condenada «de antemano» –

Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena estaba «escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue a todo el peronismo.

La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al acusarla de ser «jefa de una asociación ilícita» y de defraudación, y solicitó su inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de «asociación ilícita».

Kirchner aseguró no obstante que seguirá en la política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.

El presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su «amplia solidaridad» con Kirchner en redes sociales.

«No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo», tuiteó.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se manifestó en contra del «acoso judicial y mediático, que tiene claros fines políticos» contra la líder peronista.

La semana pasada, en sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo.

La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.

De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.

  • Respaldo –
    Desde muy temprano, un puñado de seguidores se reunieron ante los tribunales para respaldar a Kirchner. Todos los acusados escucharon el veredicto de manera virtual.

«Es una persona transparente. Si la están juzgando es por todo lo que le dio al pueblo», declaró a la AFP Marcelo Graziano, de 50 años, frente a los tribunales.

Entre los manifestantes, Ariel Álvarez, de 37, dijo a la AFP que se trató de un veredicto «totalmente fuera de lugar, incorrecto, corrupto».

Varias organizaciones kirchneristas se declararon en alerta sin llamar a una movilización conjunta. Un sector más radicalizado comenzó una larga marcha desde el límite oeste de Buenos Aires hacia los tribunales.

«Si tocan a Cristina, paramos el Estado. No vamos a permitir un ‘Lula’ en nuestros país», dijo días atrás Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Sin embargo, la propia vicepresidenta desalentó las movilizaciones para evitar provocaciones, dijeron fuentes partidarias.

El 1 de septiembre Kirchner sufrió un intento de homicidio cuando un hombre armado se coló entre seguidores que la esperaban a las puertas de su casa para expresarle su respaldo frente al juicio.