Dos condenados a muerte en Texas reclamaron semanas antes de su ejecución que la inyección letal que recibirían podía contener un fármaco vencido potencialmente causante de sufrimiento innecesario, algo prohibido por la ley en Estados Unidos.

Los reos John Balentine y Wesley Ruiz pidieron ante un tribunal a fines de 2022 que «prohíba» al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, en inglés), en el sur de Estados Unidos, el uso de «sustancias vencidas» en las ejecuciones.



Según la información a la que accedieron, el TDCJ tiene un stock de pentobarbital -sustancia que Texas usa en las inyecciones letales- «caducado hace mucho tiempo».

«Dada la antigüedad de los medicamentos (…) el pentobarbital que pretenden usar (…) actuará imprevisiblemente, obstruyendo las vías intravenosas durante la ejecución y causando dolor innecesario», decía el documento con sus argumentos.



Pero el TDCJ aseguró en una declaración a la AFP que todo está en orden. «Los medicamentos para las inyecciones letales están dentro de sus fechas de uso y han sido debidamente probados».

En 27 de los 50 estados del país, entre ellos Texas, la pena de muerte es legal. Desde 1982, cuando se empezó a usar la inyección letal en el país, en Texas se han ejecutado a 581 personas, más de un tercio del total nacional.

Castigo cruel

Ruiz fue condenado por matar a un policía en 2007 y Balentine por un triple asesinato en 1998. Ambos habían denunciado además racismo en sus respectivos juicios.

En sus declaraciones dijeron que, con sustancias vencidas, su ejecución «violaría su derecho a no ser sometido a un castigo cruel».

Tras el reclamo, la jueza civil Catherine Mauzy ordenó el 10 de enero suspender las ejecuciones por la posibilidad de que las existencias de pentobarbital estuvieran vencidas, y porque el TDCJ no ofreció pruebas que demostraran lo contrario, según reportes de prensa.

Su decisión también beneficiaba a Robert Fratta, cuya ejecución estaba programada para esa misma tarde. Pero la fiscalía general de Texas acudió a una corte penal de apelaciones, que desestimó la decisión de Mauzy.

Fratta, condenado por ordenar el asesinato de su esposa en 1994, fue ejecutado horas después. Ruiz recibió la inyección letal el 1 de febrero y Balentine el 8 de febrero.

La abogada del TDCJ, Leah O’Leary, había dicho en enero que han usado pentobarbital más de 90 veces desde 2013 y ninguno de los efectos descritos por los denunciantes se han presentado. Su reciente uso en 2022 demuestra que es «potente y eficaz», dijo, citada por el diario The Houston Chronicle.

Este año se prevé la ejecución de otras cinco personas en Texas. Los abogados de algunos de ellos seguirán con la demanda, en una audiencia programada para el 20 de marzo.

Entre 1890 y 2010, más del 3% de las ejecuciones en Estados Unidos tuvieron fallas, según la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), principalmente con inyección letal.

Hay varios casos en donde quien era ejecutado se retorcía o quejaba de dolor y episodios, incluso recientes, donde fue difícil hallarle una vena al condenado para inyectarlo. Solo en 2022 el DPIC contabilizó 7 ejecuciones con problemas, dos de ellas plenamente fallidas.

-Más de 1.300 días-

Algunos laboratorios renunciaron hace años a comercializar productos para ejecuciones. Según los abogados, desde hace casi una década, Texas compra un pentobarbital «compuesto», que algunas farmacias estatales preparan con un ingrediente en polvo.

En 2016, el entonces fiscal general de Texas Greg Abbott -hoy gobernador- dispuso que el nombre de los proveedores se mantuviera en reserva para evitar represalias.

En un informe a pedido de los abogados y llevado a la corte, la doctora en Farmacia Michaela Almgren explicó que un medicamento «compuesto» tiene como máximo un período de uso de 45 días si está congelado.

De acuerdo con los registros revisados por Almgren, la última compra hasta fines del año pasado fue hecha en marzo de 2021, por lo que cualquiera de esas dosis ya venció hace más de 600 días. Otro lote de 2019 excede los 1.300 días. Sin embargo se les ha puesto nuevas fechas de límite de uso hacia septiembre y noviembre de 2023, denunciaron.

De acuerdo con información del sitio Texas Tribune, que cita registros del TDCJ, la práctica de extender la fecha límite de uso de este medicamento data el menos desde 2017.

Almgren cuestionó que estos cambios se basen solo en el argumento de que el medicamento mantiene su potencia y no se verifique si está degradado.

-Aumenta el dolor-

«Es alarmante que Texas siga realizando ejecuciones con pentobarbital caducado, violando su propia ley», dijo a la AFP Shawn Nolan, abogado de Ruiz y Balentine.

Esos medicamentos «tienen una vida útil limitada y los compuestos caducados son poco fiables e impredecibles, lo que aumenta el riesgo de dolor y sufrimiento en el proceso de ejecución», agregó.

«Los riesgos de ejecuciones fallidas aumentarán si Texas continúa ocultando sus procesos, impidiendo el acceso a información básica», sostuvo Nolan.