El presidente Joe Biden pidió al Congreso de Estados Unidos un aumento presupuestario de más de 105.000 millones de dólares para ayudar a Israel y Ucrania y abordar la crisis migratoria en la frontera con México, anunció la Casa Blanca.
La petición llega un día después de que Biden vinculara el ataque del grupo islamista palestino Hamás a Israel con la invasión rusa de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que ambos pretenden «aniquilar» democracias.
Su objetivo es intentar convencer a los estadounidenses de que Estados Unidos debe mantener un liderazgo global.
El demócrata afirmó el jueves desde el Despacho Oval que las enormes sumas (61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania y 14.000 millones de dólares para Israel) protegerían los intereses estadounidenses para las generaciones futuras.
Pero su petición llega en un momento en el que la cámara baja del Congreso de Estados Unidos sigue sumida en el caos, sin poder aprobar el más mínimo proyecto de ley.
Y es que los congresistas republicanos cercanos al expresidente Donald Trump siguen sin conseguir imponer a uno de los suyos como presidente de la Cámara de Representantes tras haber destituido al anterior.
Los republicanos dudan sobre la conveniencia de aumentar la ayuda militar a Ucrania pero tienen claro que quieren un apoyo masivo a Israel y más firmeza en materia migratoria.
El paquete que Biden pide al Congreso incluye 13.600 millones de dólares contra la crisis migratoria y la lucha contra el tráfico de fentanilo, fabricado sobre todo, según Washington, por los carteles de la droga mexicanos.
El gobierno «pide al Congreso que proporcione los recursos que nuestro personal encargado de hacer cumplir la ley necesita para garantizar la seguridad en la frontera suroeste y detener el flujo de fentanilo hacia nuestro país», se lee en el documento enviado al Congreso.
Biden asegura haber logrado «avances» con su política de «vías legales» de entrada de migrantes al país, pero «necesita más fondos».
El dinero iría destinado a enviar 1.300 agentes de la patrulla fronteriza adicionales para trabajar junto a los 20.200 ya financiados en el presupuesto del año fiscal 2024, 100 máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar fentanilo en los puertos de entrada, 1.000 policías más y otros 1.600 agentes de asilo.
Además quiere poner en marcha 375 nuevos equipos de jueces de inmigración para agilizar el procesamiento de casos, aumentar las subvenciones a gobiernos locales y oenegés para la provisión de alimentos y refugio para los migrantes y ampliar las «vías legales», por ejemplo con las llamadas oficinas de movilidad segura desplegadas en varios países latinoamericanos, desde donde se tramitan las solicitudes de asilo.
