El empresariado representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otras once organizaciones insisten en un diálogo profundo para analizar la reforma al Código de Trabajo y lograr el consenso en temas pendientes como la cesantía, mientras el sector sindical endurece su posición con un rotundo rechazo a cualquier modificación y anuncia que hará una vigilia en el Congreso.
En su propuesta, los empresarios no solo piden incluir el tema de la cesantía en el anteproyecto de ley, con una limitante de 6 años y un tope de10 salarios como base para el cálculo de las prestaciones por desahucio, sino también establecer un tope de seis meses de indemnización, que ahora es de diez días.
Otras opciones, según la propuesta presentada por los empresarios ante el Senado, la cual obtuvo este medio, son: Contemplar el registro como gasto deducible de la renta neta imponible de las empresas, el incremento del pasivo laboral incurrido durante el año fiscal y ampliación de período de prueba, eliminando el numeral 1 del artículo 80 del Código Laboral, para promover aumento de productividad y acorde al conocimiento requerido por el colaborador.
Asimismo, considerar un promedio de salarios devengados en lugar del salario del último año del trabajador y considerar otras opciones, como seguros o fondos, evaluando viabilidad en función de costo, sostenibilidad y alcance, y cualquier otra alternativa que busque equilibrar la protección del trabajador frente a la flexibilidad del mercado laboral.
También incluir un registro como gasto deducible de la renta neta imponible de las empresas, y tomar en cuenta el incremento del pasivo laboral incurrido durante el año fiscal.
Detalla el Listin Diario que en su visita al Senado, los dirigentes empresariales afirmaron su posición de mantener la cesantía preservando los derechos adquiridos y propusieron un régimen laboral alternativo que aplicaría exclusivamente a los nuevos contratos de trabajo. Los empresarios enfatizan que el actual código data de más de tres décadas y su modernización debe dar respuestas no solo a la alta informalidad, que pasa de un 56%, sino de fomentar la productividad y la competitividad y enfrentar el costo laboral de los asalariados. Afirmaron que la cesantía limita el incremento salarial en el tiempo y la formalidad laboral, lo que se traduce en una menor competitividad, al plantear su desacuerdo con el proyecto que reposa en una comisión en el Senado.
Plantean un tope de seis años, lo que cambiaría el numeral 4 del artículo 80, el cual trata sobre la cesantía. Ese artículo establece que después de un trabajo continuo no menor de cinco años, hay que pagar una suma igual a veintitrés días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado.
La otra modificación importante radica en el artículo 86 del Código Laboral, con lo cual buscan poner un tope equivalente a los seis meses de indemnización.
Actualmente se paga aún los primeros diez días del desahucio y, “en caso de incumplimiento, el empleador debe pagar, en adición, una suma igual a un día del salario devengado por el trabajador por cada día de retardo”, señala el artículo.
Solicitan a la comisión del Senado profundizar en estas propuestas que consideran fundamentales para el empleo formal, atraer inversiones y lograr una legislación a futuro.
PRESENTAN COSTOS LABORALES
A MÁS AÑOS
Los empresarios afirman a que más años en las empresas, esos trabajadores les significan un costo mayor que oscila entre un 54.51% el primer año hasta un 222.7% y 308.8% a 20 años.
FACTORES
Indican que el 95% de la población gana menos de RD$100,000 y solo un 2% gana más de RD$250,000. La rotación laboral es de 5.5 años y 7.6 años en la región Amèrica Latina.
SINDICALISTAS ANUNCIAN QUE HARÁN UNA VIGILIA PERMANENTE EN EL CONGRESO
El Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) anunció que hará una vigilia permanente en el Senado de la República la semana próxima, en rechazo a la propuesta del empresariado de poner un límite de seis años y tope de 10 salarios mínimos para el cálculo de la cesantía. Rafael-Pepe- Abreu dijo que los trabajadores rechazan cualquier modificación a la cesantía y que la propuesta de los empresarios es “un caramelo envenenado”. Aseguró que lo más sorprendente es que los empresarios crean que están hablando con retrasados mentales, porque decir que el tope de antigüedad debe ser de cinco años es decir que los demás trabajadores trabajarán gratuitamente.
Explicó que en el país poner un tope de10 salarios mínimos para calcular la cesantía no será aceptado, porque aquí operan 17 salarios mínimos y los sueldos en las empresas grandes son de un poco más de RD$24,000 y en las pequeñas de hasta RD$14,000 al mes. Indicó que con su propuesta el sector patronal quiere cambiar las fórmulas de cálculos sobre el salario devengado. Señaló que en el caso de un hotel decirle a los ejecutivos que ganan de RD$75,000 a RD$200,000 que el cálculo se hará sobre la base de los diez salarios mìnimos de los RD$17,000 que es el mínimo de un hotel. Es motivo de hacer un “cursillo” respecto a la reacción que provocan. Abreu recordó al senador Rafael Duluc que sus declaraciones son difusas y que en los gobiernos de los últimos 60 años no había visto a un senador asumiendo total independencia y, que si inventa con esa modificación, causará una rebelión. Explicó que con el artículo 86 se hizo una modificación por abusos con el código Trujillo y por eso se logró incluir la figura del “astreinte”.
Se le llama astreinte a las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el Juez razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que un deudor retarda el cumplimiento de una obligación determinada.
PREOCUPACIÓN
El presidente del CNUS, Rafael-Pepe- Abreu, dijo que es de gran preocupación las declaraciones difusas del senador oficialista por Higuey Rafael Duluc (Cholitìn), de que el Senado es un poder independiente, olvidando que esa es una verdad relativa.
“Nunca habìa visto a un senador asumiendo heroicamente un poder de independencia, donde un proyecto enviado por el Ejecutivo lo cuestione y lo rechace”, dijo.
Rafael-Pepe-Abreu.
Rafael-Pepe-Abreu.LEONEL MATOS/LD
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JC n la propuesta realizada por el empresariado al Senado de la República, de limitar el derecho de la cesantía que tienen los asalariados, algunos congresistas prefieren aún no emitir un “juicio de valor” al respecto.
Sin embargo, la postura unificada de la mayoría de legisladores está centrada en garantizar la protección de los derechos adquiridos alcanzados por los empleados dominicanos.
Tal es el caso del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien aseguró que legislarán en beneficio de los ciudadanos.
“En ningún momento estará en juego los derechos adquirido de nadie”, dijo De los Santos en respuesta a la discusión de las prestaciones laborales.
Asimismo, el presidente de la comisión especial que estudia el proyecto de reforma laboral, senador Rafael Duluc, está convencido de que el resultado de las conversaciones será positivo para la clase empresarial y garantizará los derechos adquiridos de los asalariados dominicanos.
“Yo pienso que va a ser ganar-ganar porque el proyecto que está depositado beneficia a los trabajadores, empleadores y beneficia al Estado”, dijo.
Además, intentando calmar a las partes interesadas de la sociedad, manifestó estar convencido de que el presidente Luis Abinader no sería capaz de promulgar una ley dirigida atentar contra los derechos de la ciudadanía.
En tanto, el pasado martes, decenas de personas que integran a las centrales sindicales realizaron una protesta en las afueras del Congreso Nacional, donde hicieron hincapié en la importancia de no eliminar, ni afectar la cesantía laboral.
El vicepresidente de la Confederación de Unidad Sindical, Estanislao Castillo, le colocó un “ultimátum” a los legisladores, asegurando que están en disposición de paralizar el país.
“Nosotros, la clase trabajadora, va a paralizar el país. No va a haber ningún tipo de garantía social en nuestro país”, manifestó, aclarando que estarán alerta a cualquier acción no consensuada durante las más de 100 reuniones desarrolladas por el Gobierno con el sector tripartito (empleados y empresarios).
Aplazado para el 2025
La comisión especial que estudia la iniciativa dirigida a reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo decidió extender hasta enero de 2025 el proceso de diálogo con los diversos sectores.
El senador Rafael Duluc explicó que esto permitirá continuar escuchando a las representaciones de la sociedad que aún no han manifestado sus observaciones a la pieza.
Esto significa que el informe elaborado por la comisión con las recomendaciones correspondiente no será presentado en el hemiciclo a los senadores antes del 31 de diciembre venidero.
Esta información fue ofrecida el pasado miércoles y reiterada ayer por el senador Duluc, precisamente, luego de que el sector empresarial anunciara por primera vez ante la opinión pública una posición unificada sobre las posibles modificaciones al apartado de la cesantía en el Código de Trabajo.
11 entidades que aglomeran decenas de grandes empresas, representadas por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), sugirieron ayer a los congresistas colocar un límite de 6 años de antigüedad y un máximo de 10 salarios mínimos para el pago de las prestaciones laborales. Esta propuesta generó, de manera inmediata, rechazo en algunos legisladores. Tal es el caso del diputado Carlos de Pérez, quien calificó de “muy conflictiva” la visión de los empresarios.
Juristas laborales
La próxima reunión que desarrollará la comisión, el miércoles a las 2:00 de la tarde, tendrá el objetivo de conocer las impresiones de algunos abogados.
Los juristas que plantearán su visión sobre el documento depositado el pasado 10 de octubre por el Poder Ejecutivo serán Milton Ray Guevara, Rafael Alburquerque, Ramón Herrera Carbucia, entre otros.
Herrera Carbucia es el juez presidente de la Tercera Sala de la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso y Administrativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Mientras que Ray Guevara participó en la comisión redactora del Código de Trabajo vigente, promulgado en el año 1992.
Además, Guevara fue, en el mismo año, representante de la República Dominicana ante el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y presidente de la 92 Conferencia Internacional del Trabajo.
Alburquerque es exsecretario de Estado de Trabajo, durante el proceso de formulación del conjunto de leyes laborales, y expresidente de la República. Asimismo, ocupó durante esa época la posición de presidente en la Delegación del Estado dominicano a las Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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