En un operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, el agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández y el abogado Rafael Helena Regalado fueron arrestados este jueves en Monte Plata, acusados de estar implicados en un complejo esquema de fraude, falsificación de documentos, asociación de malhechores y estafa inmobiliaria. La red criminal habría despojado a propietarios de sus terrenos en zonas costeras y agrícolas sin su conocimiento, utilizando documentos falsos y trámites fraudulentos.
La orden de arresto, número 668-2024-SAJP-01122, fue emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata. A Saldaña Hernández se le solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción, mientras que a Helena Regalado ya se le impuso la misma medida. Además, las autoridades persiguen activamente a otros implicados, entre ellos Ricardo Rafael Elías Soto Subero, Juan Carlos Rafael Helena Rodríguez, Juan Carlos Florián, Federico Enrique Medrano del Giudice, Diomedes Medrano Peña y Miguel Thomas Pérez Ortiz, quienes también están acusados de violar los artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Modus operandi de la red criminal
Según las investigaciones, los implicados habrían falsificado documentos y utilizado trámites fraudulentos para aprobar deslindes y traspasos de terrenos, violando los controles establecidos. El Ministerio Público de Monte Plata y la Unidad de Investigación Inmobiliaria de la Procuraduría General de la República están investigando la posible participación de empleados y funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria en estos hechos.
El abogado Amadeo Peralta, consultado por este medio, reveló que este caso no es aislado. Actualmente, se investiga a otros agrimensores, alguaciles, notarios y abogados por su participación en un entramado criminal conocido como “la mafia de Punta Rucia”. Este grupo habría cancelado fraudulentamente títulos de propiedad en Punta Rucia y la playa La Ensenada, en Puerto Plata, desalojando a los verdaderos propietarios y extorsionándolos para que entregaran sus propiedades.
Precedentes legales y garantías constitucionales
Peralta recordó que, según el precedente TC/0242/13 del Tribunal Constitucional, la propiedad inmobiliaria registrada está amparada por un certificado de título que no puede ser desconocido por acciones particulares ni del Estado. Asimismo, en la Sentencia TC/0205/13, el Tribunal estableció que para privar a una persona de su propiedad, se deben garantizar la legalidad de la actuación, el debido proceso y el pago previo del justo valor del bien.
“El Estado debe ser más activo en el desmantelamiento de estas redes que ponen en entredicho la seguridad jurídica y las inversiones privadas y extranjeras”, sostuvo Peralta. “Estos grupos operan con impunidad, afectando no solo a los propietarios legítimos, sino también a la confianza en el sistema de registro inmobiliario”.
Implicaciones y próximos pasos
El caso ha generado preocupación entre los propietarios de terrenos en zonas costeras y agrícolas, quienes temen ser víctimas de este tipo de fraudes. Las autoridades han asegurado que continuarán las investigaciones para desmantelar por completo estas redes criminales y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
Mientras tanto, el agrimensor Johnny Saldaña Hernández y el abogado Rafael Helena Regalado permanecerán en prisión preventiva, a la espera de que se defina su situación legal en las próximas semanas. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de proteger los derechos de los propietarios y garantizar la seguridad jurídica en el país.
