El Ministerio Público de la República Dominicana ha revelado que 122 personas, junto al Estado dominicano, fueron víctimas de un esquema de estafa millonaria asociado con la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE, se estima que los involucrados captaron más de 18 millones de dólares mediante la promoción de proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Informa el periódico Diario Libre que entre las 122 víctimas, se identificaron 148 registros dominicanos que, tras la revisión, corresponden a la mayoría de los afectados. Asimismo, figuran nueve ciudadanos estadounidenses, de los cuales uno es puertorriqueño, y 2 canadienses, muchos de ellos residentes en diferentes partes de Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Las investigaciones han señalado que este esquema no solo afectó a personas dentro del país, sino también a la diáspora dominicana y a extranjeros confiados en la reputación de la marca RE/MAX.
Cuatro personas han sido identificadas como los principales responsables de esta operación: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, estas dos últimas detenidas. Ortiz Nova y Giroux continúan prófugos.
Según el Ministerio Público, el grupo creó Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirió la franquicia RE/MAX, una marca de renombre internacional en bienes raíces. Esta estrategia buscaba ganar la confianza de las víctimas, a quienes se les ofrecieron propiedades en proyectos como Romana Victoriana Residences, anunciado como un complejo habitacional de lujo a precios atractivos.
El esquema, de acuerdo con el órgano persecutor, operaba principalmente a través de redes sociales, donde las propiedades se anunciaban con imágenes y descripciones persuasivas. Los imputados recibían transferencias bancarias de los compradores, quienes confiaban en la reputación de la marca RE/MAX. Sin embargo, las propiedades nunca fueron construidas, dejando a las víctimas sin respuesta ni reembolso.
El Ministerio Público también incluye al Estado dominicano como víctima, ya que las operaciones fraudulentas aparentemente evadieron impuestos y otras obligaciones legales.
Los vinculados en la supuesta red ejecutaban la estafa electrónica e incurrieron también en lavado de activos, delitos que están siendo investigados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana. Las autoridades han iniciado procesos legales contra las dos personas detenidas, mientras intensifican los esfuerzos para localizar y capturar a los prófugos.
