Los implicados en la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya, fueron condenados a penas de 20 y 3 años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El tribunal impuso 20 años de cárcel a José Alberto Soriano Rosario, Melvin José Valentín Peguero, Wilcene Oscar, Dionicio Mieses de la Cruz (alias Dionis), María Paula Murillo Vargas, Zafiro Nathaly Sánchez González y Engel Neftalí Vargas Soto (alias Ángel), tras encontrarlos culpables de tráfico ilícito de migrantes. Además, deberán pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos, en conformidad con el dictamen del Ministerio Público.
Asimismo, fueron condenados a 3 años de prisión Alejandro Arturo García Bustamante (alias Gato), Robert Eleuterio Lee Paniagua, José Miguel Michel Guridis, Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández y Braulio Manuel Lugo, quienes también deberán pagar una multa, según lo dispuesto por el tribunal.
El tribunal, presidido por Arlin Ventura Jiménez e integrado por las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, ordenó que las penas sean cumplidas en las cárceles Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres, en San Cristóbal. Además, fijó para el 24 de abril, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia.
También fue condenado a seis meses de prisión Oliver Arnaud, conocido como Timothy Case, mientras que Carlos Jonatthan Walwyn Campusano fue absuelto. Asimismo, el tribunal ordenó la disolución del Hotel Oscar Inn Santo Domingo, establecimiento vinculado a la red delictiva.
Modo de operación de la red criminal
La sentencia se basó en el dictamen del Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez.
El grupo fue acusado de integrar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes.
Según la acusación, los condenados captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, a quienes engañaban con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.
El Ministerio Público demostró ante el tribunal que los acusados coordinaban sus acciones delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde promocionaban a las víctimas, las ofrecían a terceros y obtenían ganancias ilícitas derivadas de su explotación.
