En una reciente denuncia realizada por la periodista Rosa Encarnación, se ha puesto en evidencia una situación que ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos en la República Dominicana. El foco de la investigación se centra en el diputado Jacobo Ramos Crispín, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San Pedro de Macorís, quien, según los documentos presentados, estaría recibiendo múltiples ingresos provenientes del Estado, lo que podría constituir una violación a las normativas vigentes.
Jacobo Ramos Crispín, un reconocido dirigente sindical, fue elegido diputado en las elecciones pasadas con poco más de 8,000 votos. Sin embargo, su situación financiera ha llamado la atención debido a los múltiples ingresos que recibe mensualmente, tanto por su cargo como diputado como por otras posiciones que ocupa.
Según la declaración jurada de bienes presentada por Ramos Crispín, como diputado recibe un salario fijo de 320,000 pesos mensuales. Además, tiene gastos de representación por 48,000 pesos, una dieta de 45,000 pesos y viáticos que pueden ascender a 45,000 pesos mensuales. A esto se suman otros beneficios como fondos de gestión social, exoneraciones ilimitadas, pago de combustible, servicios de teléfono, hospedaje y recursos adicionales para festividades como Navidad, Reyes, Semana Santa, entre otros.
En 2021, el presidente Luis Abinader otorgó a Ramos Crispín una pensión especial de 75,000 pesos mensuales, junto con otros sindicalistas. Lo llamativo es que, a pesar de ser diputado desde agosto del año pasado, Ramos Crispín continuó cobrando esta pensión de manera paralela a su salario como legislador, lo que es ilegal según las normativas del Estado. La pensión fue otorgada cuando Ramos Crispín tenía 59 años, sin haber trabajado previamente en el sector público.
Otros ingresos:
Además de su salario como diputado y la pensión, Ramos Crispín recibe ingresos por otros cargos que ocupa:
Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD): 300,000 pesos mensuales.
Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas (Fenatrozona): 200,000 pesos mensuales.
Director general del programa de televisión «Panorama Actual»: 329,000 pesos mensuales.
Miembro del Consejo de Prevención y Protección del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idopril): 58,000 pesos mensuales.
En total, sumando todos estos ingresos, Ramos Crispín devengaría más de 1.3 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta con la realidad de muchos trabajadores dominicanos a los que supuestamente representa.
Cuestionamientos éticos y legales
La periodista Rosa Encarnación ha señalado que esta situación no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también podría ser ilegal. Según las leyes dominicanas, un funcionario público no puede recibir múltiples ingresos provenientes del Estado de manera simultánea, especialmente cuando se trata de pensiones y salarios.
Además, se ha cuestionado el hecho de que Ramos Crispín, quien supuestamente representa a los trabajadores, esté recibiendo tantos beneficios mientras muchos de sus representados enfrentan dificultades económicas y carencias. Encarnación ha destacado que este caso es solo uno de muchos en los que funcionarios públicos han sido beneficiados con pensiones y salarios que no corresponden a su labor real.
Llamado a las autoridades
Ante esta situación, se ha hecho un llamado a las autoridades competentes, incluyendo la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública y la Cámara de Diputados, para que investiguen este caso y tomen las medidas correspondientes. Se exige que Ramos Crispín devuelva los fondos que ha recibido de manera irregular y que se revise el sistema de pensiones y salarios para evitar que casos como este se sigan repitiendo.
El caso de Jacobo Ramos Crispín ha encendido las alarmas sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos en la República Dominicana. Mientras muchos ciudadanos luchan por acceder a servicios básicos y enfrentan dificultades económicas, resulta inaceptable que algunos funcionarios estén recibiendo múltiples ingresos provenientes del Estado. Este caso debe servir como un llamado de atención para que se implementen controles más estrictos y se garantice que los recursos públicos sean utilizados de manera justa y equitativa.
La periodista Rosa Encarnación ha prometido seguir investigando y denunciando estos casos, con el objetivo de promover una mayor transparencia y accountability en la gestión pública.
