Dos senadores estadounidenses de partidos rivales presentaron el jueves un proyecto de ley que limitaría la autoridad del presidente Donald Trump para establecer aranceles, requiriendo la aprobación del Congreso para cualquier nuevo gravamen.
La iniciativa, con pocas posibilidades de convertirse en ley, se produjo un día después de que el líder republicano impusiera nuevos aranceles sobre productos de países de todo el mundo, lo que provocó una caída en las bolsas de valores.
La Ley de Revisión Comercial de 2025 exigiría a Trump notificar a los legisladores sobre los nuevos aranceles dentro de las 48 horas posteriores a su implementación, con una explicación de los fundamentos y un análisis de sus posibles impactos.
Presentada por el republicano Chuck Grassley y la demócrata Maria Cantwell, la legislación también exigiría la aprobación de los nuevos gravámenes por parte del Congreso dentro de los 60 días, para evitar su vencimiento.
La participación de Grassley representa la segunda reprimenda en pocos días a Trump por parte de su propio partido, que controla ambas cámaras del Congreso y ha ofrecido poca resistencia a sus desenfrenados primeros meses en el cargo.
«Durante demasiado tiempo, el Congreso ha delegado su clara autoridad para regular el comercio interestatal y exterior en el poder ejecutivo», declaró Grassley, quien preside el poderoso Comité Judicial.
Cantwell, la demócrata de mayor rango en el Comité de Comercio, afirmó que el nuevo proyecto de ley garantizaría que las políticas comerciales basadas en normas sean «transparentes, coherentes y beneficien al público estadounidense».
«Los aranceles arbitrarios, en particular sobre nuestros aliados, perjudican las oportunidades de exportación de Estados Unidos y elevan los precios para los consumidores y las empresas estadounidenses», dijo Cantwell.
El anuncio se produce después de que cuatro republicanos del Senado rompieran filas con Trump el miércoles, uniéndose a los demócratas para aprobar una medida que bloquearía sus aranceles a las importaciones canadienses.
Ambos proyectos de ley necesitan el apoyo de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para eludir el poder de veto de Trump, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, descartó, en cualquier caso, someter la legislación canadiense a debate en la Cámara.
