Santiago Hazim, señalado como el principal cabecilla en el presunto desfalco millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), ha encabezado un recurso de apelación junto a otros seis imputados con el objetivo de revertir la medida de coerción que les impone 18 meses de prisión preventiva. La solicitud busca que el tribunal de alzada varíe la privación de libertad por medidas menos gravosas, bajo el argumento de que los acusados poseen los arraigos personales, familiares y laborales suficientes para garantizar su presencia durante todo el proceso judicial.
El expediente fue depositado formalmente ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ahora, dicha instancia deberá remitir la documentación a la Corte de Apelación correspondiente, la cual tendrá la responsabilidad de fijar la fecha para la audiencia donde se conocerán los argumentos de las defensas técnicas.
Alcance de la medida y traslados
Actualmente, el grupo de siete imputados bajo prisión preventiva está compuesto por Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Aunque inicialmente fueron destinados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, las autoridades penitenciarias procedieron a su traslado al penal de Las Parras debido a limitaciones de espacio en el primer recinto.
Esta solicitud de revisión surge tras la decisión del juez Rigoberto Sena, quien dictó la medida de coerción en una audiencia caracterizada por la alta tensión y manifestaciones en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En ese proceso, de los diez vinculados originalmente, siete recibieron la máxima medida de coerción, mientras que Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo obtuvieron arresto domiciliario e impedimento de salida.
Detalles de la acusación estatal
El Ministerio Público, liderado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz de la Pepca, sostiene que los implicados estructuraron una red de corrupción administrativa que estafó al Estado dominicano por un monto superior a los RD$15,900 millones. Según el órgano acusador, las irregularidades afectaron directamente a más de siete millones de afiliados del SeNaSa, impactando principalmente a ciudadanos de escasos recursos que dependen de este seguro.
Para sustentar estas imputaciones, la fiscalía presentó un robusto expediente que incluye más de 138 pruebas documentales y 35 testimoniales. Entre los hallazgos más alarmantes citados por los fiscales se encuentra el caso de un paciente sometido a cinco procedimientos de cateterismo innecesarios con el único fin de generar beneficios económicos ilícitos para la organización.
Los delitos imputados abarcan una amplia gama de infracciones penales, entre las que destacan coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, desfalco, lavado de activos y falsificación de documentos. El proceso continúa mientras la sociedad civil y los organismos de control permanecen atentos al desarrollo de esta apelación que podría cambiar el estatus de los principales señalados en el caso.
