El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, y otra veintena de personas son juzgados desde este lunes en Panamá por presunto lavado de dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La empresa se declaró culpable en 2016 ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en comisiones, principalmente en América Latina, donde los exgobernantes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen condenas por este caso.
En Panamá, Odebrecht reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos por la adjudicación de contratos para la construcción, durante el gobierno de Martinelli, del Metro, la moderna vía costera de la capital y la ampliación del aeropuerto.
«El Ministerio Público viene preparado y va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales», señaló la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, al llegar al juzgado.
Martinelli, que se arriesga a una condena de 12 años de cárcel, sigue la audiencia virtualmente porque se asiló en Colombia en 2025 para evitar su detención por una pena de casi 11 años de prisión en otro caso de blanqueo de capitales.
La audiencia, en una sala de la Corte Suprema, en Ciudad de Panamá, se había postergado cinco veces por distintos procedimientos legales.
Según la acusación, hay órdenes de pagos de Odebrecht que aunque no fueron directamente a cuentas propias de Martinelli, presuntamente era el destinatario final y tenía «pleno conocimiento de la procedencia ilícita» del dinero.
«Se le han violado una serie de garantías procesales para tratar de condenarlo por encima de la ley. Este caso es totalmente político», dijo a la AFP Carlos Carrillo, abogado del expresidente.
El exmandatario Juan Carlos Varela y dos hijos de Martinelli también están acusados, pero serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia -en fecha aún por definir- por tener fuero como diputados del Parlamento Centroamericano y del Congreso panameño.
Tanto Martinelli como Varela tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, que los acusa de corrupción.
Por este escándalo internacional los expresidentes peruanos Toledo y Humala purgan 20 y 15 años de cárcel, mientras que Alan García se suicidó en medio de las acusaciones. En Ecuador, el exmandatario socialista Rafael Correa, quien reside en Bélgica, fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel.
