La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) volvió a encender el debate sobre el impacto económico de los comercios operados por ciudadanos de origen chino en la República Dominicana, al asegurar que estos establecimientos estarían moviendo más de RD$1,000 millones diarios en efectivo, una cifra que, según el gremio, genera serias preocupaciones en materia de fiscalización y competencia justa.
De acuerdo con la FDC, una parte significativa de estas operaciones comerciales se realiza sin el uso de medios electrónicos de pago, lo que dificulta el control de las transacciones y el seguimiento por parte de las autoridades tributarias. El gremio estima que cerca del 90 % de las ventas se realizan en efectivo, lo que abre la puerta a posibles irregularidades en el pago de impuestos.
Impacto en la recaudación fiscal
El presidente de la FDC, Iván García, explicó que, si se aplicara correctamente el cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) sobre los montos estimados, el Estado dominicano podría estar dejando de percibir decenas de miles de millones de pesos al año. Esta situación, según afirmó, afecta directamente los ingresos públicos y limita la capacidad del Gobierno para invertir en servicios esenciales.
García sostuvo que no se trata de un señalamiento contra una nacionalidad en particular, sino de una advertencia sobre prácticas comerciales que, de confirmarse, violarían las leyes fiscales vigentes y crearían un entorno de desigualdad frente a los comerciantes que sí cumplen con todas sus obligaciones.
Quejas del comercio tradicional
El crecimiento acelerado de estos establecimientos también ha generado inquietud entre comerciantes dominicanos tradicionales, quienes aseguran estar enfrentando una competencia desleal. Sectores como ferreterías, tiendas de electrodomésticos, muebles y artículos del hogar han reportado una reducción en sus ventas, atribuyéndola a precios más bajos que, según denuncian, serían posibles por la falta de carga impositiva real.
La FDC insiste en la necesidad de que todos los negocios, sin excepción, operen bajo las mismas reglas, pagando impuestos, cumpliendo con las normativas laborales y respetando las disposiciones aduaneras.
Postura de la comunidad china
Por su parte, representantes de la comunidad china en el país han rechazado de manera categórica las acusaciones de evasión fiscal generalizada. Aseguran que sus negocios cumplen con la ley y que este tipo de señalamientos contribuyen a estigmatizar a un sector que también genera empleos y aporta al dinamismo económico nacional.
Fiscalización y equilibrio
Ante este escenario, la FDC reiteró su llamado a las autoridades para que refuercen los mecanismos de supervisión y control, garantizando un mercado más transparente y equitativo. El gremio subraya que la meta no es frenar la inversión ni el desarrollo comercial, sino asegurar que todos los actores participen en igualdad de condiciones.
El debate sobre los comercios chinos y su impacto económico sigue abierto, y plantea el reto de encontrar un equilibrio entre el fomento de la actividad comercial, la atracción de inversiones y el cumplimiento estricto de las leyes fiscales dominicanas.
