El gobierno de Estados Unidos relanzó su estrategia de deportación masiva de inmigrantes indocumentados, centrando sus operativos en las denominadas ciudades santuario y bajo la coordinación del funcionario migratorio Tom Homan. La medida forma parte de un endurecimiento de la política migratoria impulsado por el presidente Donald Trump, quien, según las autoridades, fue elegido con el mandato de reforzar la seguridad fronteriza.
En una entrevista con CBS News, Homan confirmó que la administración mantiene su compromiso de ejecutar operativos a gran escala, priorizando la detención y expulsión de personas con órdenes de deportación vigentes. Según explicó, las órdenes ejecutivas restablecidas han permitido alcanzar niveles de control fronterizo que calificó como “los más altos en la historia del país”.
La estrategia contempla una intensificación de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ya han superado los 800,000 procesos de remoción. Además, el plan incluye la contratación de 10,000 nuevos agentes y la ampliación de la infraestructura de detención para aumentar la capacidad operativa.
Las ciudades santuario, donde las autoridades locales limitan la cooperación con agencias federales, se han convertido en el principal objetivo. Homan explicó que esta falta de colaboración obliga a los agentes a realizar operativos en las comunidades, lo que incrementa las detenciones colaterales de personas sin antecedentes penales. De hecho, reconoció que cerca del 40 % de los arrestados no cuenta con historial criminal, aunque defendió la medida como necesaria para hacer cumplir la ley.
El funcionario sostuvo que una mayor cooperación de cárceles estatales permitiría reducir la presencia de agentes en las calles y disminuir tensiones en las comunidades. Sin embargo, incidentes recientes, como operativos en Minneapolis que derivaron en protestas y hechos violentos, han intensificado el debate sobre el impacto de estas acciones.
La política ha generado posturas encontradas. Mientras la administración la defiende como una medida de seguridad pública y una forma de reducir delitos asociados a la migración irregular, críticos la califican de excesiva y cuestionan sus efectos sociales. Autoridades locales, como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, han expresado su desacuerdo con la intervención federal en sus jurisdicciones.
Homan insistió en que las operaciones se realizan bajo el marco legal vigente y que cualquier conducta indebida por parte de los agentes debe ser sancionada. Asimismo, subrayó que la falta de una reforma migratoria integral por parte del Congreso obliga al Ejecutivo a actuar mediante órdenes ejecutivas, lo que mantiene la política sujeta a cambios según la administración de turno.
El gobierno sostiene que continuará con esta estrategia, argumentando que los niveles actuales de arrestos y deportaciones no tienen precedentes, mientras el debate nacional sobre inmigración sigue sin una solución legislativa definitiva.
