El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, advirtió que el bloqueo de señales telefónicas en las cárceles del país enfrenta serias dificultades técnicas debido a la ubicación de muchos centros penitenciarios en zonas urbanas densamente pobladas.
Según explicó, esta situación complica la implementación del sistema, ya que al inhibir la señal dentro de los recintos también podrían verse afectados usuarios externos, como residentes y comercios cercanos. Esto representa un desafío adicional para las empresas de telecomunicaciones, que podrían sufrir impactos económicos si sus servicios se interrumpen fuera de las cárceles.
A pesar de estas limitaciones, el funcionario aseguró que el proyecto sigue en marcha debido a su importancia en la lucha contra delitos organizados que se coordinan desde prisión, como el sicariato, el narcotráfico y otras actividades criminales.
Como parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad, Gómez Mazara informó que se han destinado por primera vez 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República, con el objetivo de implementar tecnología que permita bloquear las comunicaciones dentro de los centros penitenciarios.
El funcionario ofreció estas declaraciones durante un acto en Santiago, donde el Indotel desarrolló una jornada de inclusión digital dirigida a más de 400 personas en condiciones de vulnerabilidad. La iniciativa, ejecutada a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, incluyó la entrega de teléfonos inteligentes, tarjetas SIM activadas, subsidios de internet y minutos de llamadas por un período de 24 meses, además de capacitación en el uso de herramientas digitales.
La selección de los beneficiarios se realizó en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarios, priorizando a hogares con mayores necesidades de acceso a la tecnología.
El proyecto forma parte de una política pública orientada a reducir la brecha digital y ampliar el acceso a servicios tecnológicos, mientras el país enfrenta el desafío de mejorar la seguridad sin afectar a la población civil.
