El procurador adjunto Wilson Camacho adelantó que el órgano persecutor no se quedará de brazos cruzados respecto a los cinco exonerados de ir a juicio en esta etapa, entre ellos los influyentes exfuncionarios de los gobiernos del PLD, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
Camacho argumentó que el tribunal incurrió en contradicciones flagrantes e inobservancia al no ponderar de forma correcta los elementos probatorios depositados.
- Testimonios clave ignorados: El Ministerio Público critica que la jueza acogió durante el proceso las declaraciones de delatores clave como Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero no se refirió a ellos ni los valoró al momento de dictar el descargo de estos imputados.
- Falsificación evidente: Camacho denunció que el tribunal otorgó un auto de no ha lugar a un acusado que, según las pruebas presentadas por la fiscalía, firmó de su puño y letra documentos en nombre de seis personas, incluyendo a ciudadanos que ya estaban fallecidos.
“Es evidente que el tribunal entra en contradicción, en inobservancia y en errónea apreciación de las pruebas con relación a estos autos de no ha lugar que otorgó, y esa es la razón por la que el Ministerio Público los va a apelar”, enfatizó con firmeza el magistrado.
El entramado de la Operación Calamar
El expediente acusatorio, que quedó en estado de fallo desde el pasado 27 de marzo de 2026 tras intensos debates, cuenta con un arsenal de más de 1,278 medios de prueba.
Según la hipótesis del Ministerio Público, sostenida por el equipo de litigación civil y penal que acompañó a Camacho, la red criminal operaba directamente desde el Ministerio de Hacienda para desviar fondos públicos de los contribuyentes. El dinero se obtenía mediante:
- Pagos irregulares por expropiaciones: Compra fraudulenta de terrenos declarados de utilidad pública a precios inflados.
- Financiamiento ilícito de campaña: Cobro de sobornos masivos dirigidos a costear la campaña electoral del año 2020.
- Esquema de extorsión en bancas de azar: Cobros ilegales estructurados sobre los negocios de juegos de azar que debieron ser regulados rigurosamente bajo el marco de la ley.
La Operación Calamar inició formalmente el 18 de marzo de 2023 mediante un despliegue de 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, involucrando a más de 40 fiscales y 300 miembros de la Policía Nacional. Tras una maratónica audiencia que inició el viernes en la noche y culminó pasadas las 11:00 p.m., el tribunal notificó la decisión de forma digital a todas las partes involucradas.
