La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó de manera categórica que el Ministerio Público se mantiene firme en su postura y que “no detendrá la lucha contra la corrupción bajo ninguna circunstancia”. A través de un comunicado oficial, la magistrada envió un mensaje definitivo a la ciudadanía sobre el compromiso inquebrantable del órgano persecutor del Estado.
“Esta no es únicamente una obligación constitucional. Es una convicción profunda que hemos defendido siempre. La corrupción no es un simple delito: es una grave violación a los derechos humanos”, recalcó Reynoso.
La procuradora explicó el impacto social de estos delitos, señalando que cada recurso público que se desvía se traduce directamente en menos salud para los hospitales, menor calidad en la educación pública, desprotección en las calles y un robo flagrante a las oportunidades de desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
Duras críticas al fallo judicial y anuncio de apelación
Al referirse a las recientes decisiones de los tribunales y el deber del Ministerio Público de accionar legalmente, Reynoso fue enfática al recordar su vinculación directa con los expedientes: “He participado directamente en las investigaciones y conozco las pruebas de primera mano”.
En ese sentido, calificó de inaceptable la validación del fallo que favorece a los implicados:
- Falencias evidentes: Afirmó que la decisión judicial contiene «falencias procesales elementales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad».
- Pruebas contundentes: Aseguró que los fondos millonarios fueron recibidos por los imputados favorecidos y que la acusación es pública para el escrutinio de todo el país.
- Confesión grabada: Reveló un dato crucial del proceso: “Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción”.
Por tales motivos, confirmó que el Ministerio Público apelará la decisión para asegurar que las participaciones criminales —acreditadas mediante testimonios directos y decenas de pruebas— se ventilen formalmente en un juicio de fondo. “Dejar pasar un auto de no ha lugar que no se sustenta en derecho, y que favorece a imputados que desempeñaron un rol fundamental dentro de una estructura criminal, no sería honesto ni justo para el país”, añadió.
Los números de la lucha anticorrupción
Pese a los tropiezos en los tribunales, la magistrada defendió los avances significativos que ha logrado el país en materia de persecución penal y fortalecimiento institucional, citando las siguientes métricas y herramientas alcanzadas:
- 274 personas físicas y jurídicas bajo acusación formal.
- 74 condenas obtenidas hasta el momento entre personas físicas y morales.
- 174 autos de aperturas a juicio dictados por los tribunales.
- Más de RD$6,000 millones decomisados e históricos rescates de bienes a favor del Estado.
- Reformas legales clave: Un Código Penal que contempla nuevos tipos penales contra el patrimonio público, junto con la implementación de herramientas como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones.
- Reconocimiento internacional: El posicionamiento de la República Dominicana como uno de los países con mayores avances de la región en el combate a la corrupción.
Firmeza ante presiones y campañas de descrédito
Reynoso reconoció que el sistema aún enfrenta desafíos estructurales e históricos profundos, pero advirtió que la pasividad frente al dolo equivale a permitir que se robe el futuro de la nación.
Asimismo, lanzó una clara advertencia a los sectores que intentan desacreditar la labor de los fiscales de la República: “Quienes apuestan a la impunidad pueden seguir gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad. Sin embargo, el país debe saber algo con absoluta certeza: jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto”.
Al concluir, la procuradora general sostuvo que la única respuesta institucional frente a las presiones políticas o mediáticas es arreciar el trabajo técnico. “Sabemos de dónde vienen esos ataques y quiénes forman parte de ellos. Pero siempre hemos creído que la única respuesta decente de un fiscal frente a los obstáculos para hacer su trabajo es ser más fiscal: más firme, más fuerte, más persistente y más comprometido con la Constitución y la ley”, puntualizó, reiterando que todas las acusaciones y evidencias son de acceso público en sus plataformas y se defenderán hasta las últimas consecuencias.
