El abogado Miguel de León afirmó de manera categórica que el sistema de protección a las víctimas de violencia de género en la República Dominicana requiere una reforma urgente, señalando que las casas de acogida deben ser destinadas para recluir a los individuos agresores y no a las mujeres maltratadas.
En una entrevista concedida al periodista José Peguero, el jurista argumentó que la violencia machista es un problema patológico y psicológico que debe tratarse desde la raíz con el victimario. Sostuvo que el enfoque actual del Estado es contraproducente y revictimiza a las denunciantes.
El impacto económico y el rechazo a los albergues
De León explicó que muchas mujeres terminan rechazando el ingreso a las casas de acogida debido a las severas consecuencias socioeconómicas que esto les acarrea.
- Pérdida de independencia: Al ser recluidas, se les priva temporalmente de su libertad y del acceso a su sustento económico. Muchas de estas mujeres son madres solteras y emprendedoras en etapas altamente productivas.
- El caso Esmeralda Moronta: El abogado citó el reciente asesinato de Esmeralda Moronta, quien se dedicaba a la repostería y no podía darse el lujo de cerrar su negocio, del cual dependía la subsistencia de sus hijos ante la falta de manutención por parte del agresor.
- Efecto de desprotección: Con una alarmante cifra de 33 feminicidios registrados en lo que va de año, el profesional del derecho criticó que el Estado obligue a la víctima a elegir entre salvaguardar su vida o mantener el negocio que alimenta a su familia.
Denuncia de negligencia y complicidad en el Ministerio Público
Durante el diálogo, Miguel de León calificó de «incorrecto de principio a fin» el tratamiento procesal que las fiscalías de violencia de género otorgan a estos casos de alto riesgo. Denunció fallas elementales en los protocolos de seguridad que exponen directamente a las mujeres que acuden en busca de auxilio:
“Lo primero es que tú no le puedes entregar la citación a la víctima para que se la haga llegar directamente al agresor. Segundo, ¿cómo la fiscalía va a emitir un documento diciendo que no se hace responsable de la víctima si ella decide no entrar a una casa de acogida? El Estado debe asumir su rol y garantizar protección integral”, enfatizó el jurista.
Asimismo, el abogado reveló una alarmante problemática que ocurre de manera cotidiana en las dependencias judiciales: la filtración de información a los agresores. De acuerdo con De León, debido a los bajos salarios, parte del personal de seguridad e interno de algunas fiscalías incurre en malas prácticas, alertando a los denunciados mediante sobornos y notificándoles de inmediato cuando sus parejas asisten a colocar una denuncia.
Falta de herramientas operativas y de prevención
El jurista criticó la falta de voluntad para aplicar medidas preventivas básicas, como la retención inmediata de armas de fuego a los denunciados, o la implementación de tecnología de geolocalización para proteger a las víctimas. Señaló la ironía de que el asesino de Esmeralda Moronta lograra colocarle un dispositivo GPS para perseguirla, mientras que el Ministerio Público no provee dispositivos electrónicos de alerta a las mujeres en riesgo, tal como se implementa con éxito en otros países como España.
Por otro lado, lamentó que la actual gestión del Defensor del Pueblo cerrara la delegación de Santo Domingo Este —ubicada en un edificio de la Dirección de Pasaportes dejado completamente funcional por la exdefensora Zoila Martínez Guante—. Casualmente, dicha oficina clausurada se encontraba justo al lado del colmado donde Moronta fue interceptada y asesinada.
Finalmente, De León hizo un llamado a la magistrada procuradora Miriam Germán Brito y a la encargada de la Dirección contra la Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, para que ejecuten correctivos urgentes y capaciten al personal. Aseguró que la sociedad está «harta de comunicados de prensa lamentando tragedias» y exigió acciones reales, poniéndose a la plena disposición de las autoridades para colaborar en la reestructuración de estas políticas públicas.
