Santo Domingo. En una intervención conjunta de alto impacto, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA) desmantelaron un almacén clandestino en esta provincia que se dedicaba a la falsificación y alteración masiva de productos alimenticios de consumo humano.
Durante el operativo, las autoridades retiraron toneladas de mercancías adulteradas que representaban un peligro inminente para la salud pública y la seguridad alimentaria de la población.
El «modus operandi» del fraude
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que en el establecimiento se descubrió una estructura logística organizada para burlar los controles sanitarios. Las principales actividades ilícitas detectadas incluían:
- Alteración de fechas: Manipulación sistemática de los empaques para cambiar las fechas de caducidad, haciendo pasar productos vencidos como artículos aptos para el consumo.
- Procesamiento insalubre: Elaboración y empaque de nuevos alimentos utilizando materias primas en avanzado estado de deterioro y descomposición.
Clausura, incautación y arresto de un reincidente
Como resultado inmediato de la intervención, las autoridades procedieron a la clausura total y definitiva del establecimiento. Asimismo, se incautaron las maquinarias, herramientas y equipos tecnológicos que eran utilizados para adulterar los etiquetados originales.
Respecto al responsable de la operación, Alcántara informó que el propietario del almacén fue arrestado en el lugar. El imputado, quien ya cuenta con antecedentes y es calificado como reincidente en este tipo de delitos contra la salud pública, fue puesto a disposición del Ministerio Público de forma inmediata para el inicio del proceso judicial.
Autoridades prometen sanciones ejemplares
Las instituciones actuantes informaron que canalizarán todos los recursos legales para lograr una condena severa y ejemplarizante que guarde proporción con el daño potencial que este comercio ilegal pudo causar en la ciudadanía.
«El compromiso de Pro Consumidor es velar por la salud, la seguridad y los derechos de los consumidores, y por lo tanto, no permitiremos que personas inescrupulosas pongan en riesgo la vida de la población mediante la comercialización de productos vencidos o no aptos para el consumo humano», aseveró firmemente Eddy Alcántara.
Finalmente, el funcionario reiteró que se mantendrá un esquema reforzado de vigilancia e inspección en todo el territorio nacional para erradicar estas mafias comerciales y asegurar que se respeten de manera estricta las normativas de consumo del país.
