LA ROMANA.– El Primer Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial dictó una sentencia de 10 años de prisión contra cinco miembros de una estructura criminal organizada dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en esta provincia, luego de que el tribunal admitiera la aplicación de un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público.
La magistrada Denia Beras ordenó, además del cumplimiento de la pena privativa de libertad, el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles incautados durante el proceso de investigación, los cuales incluyen vehículos de alta gama y dos propiedades valoradas en más de RD$10 millones.
Sentenciados y sanciones económicas
La sentencia condena de manera individualizada a los implicados en la red criminal, imponiéndoles las siguientes penalidades financieras:
- Kendy José Ramírez (alias «CDI»): Condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos del sector público.
- Paola Moni Ochoa (alias «Estella»): Condenada a 10 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
- Matilde Aquino (alias «Marilyn»): Condenada a 10 años de prisión y al pago de una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
- Starlin Manuel Basker Vásquez: Condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de RD$50,000.
- Ángel Gabriel Rodríguez Martínez (alias «Mello»): Condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de RD$50,000.
Modus operandi y testaferrato
De acuerdo con las investigaciones lideradas por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, la organización delictiva estaba encabezada por Kendy José Ramírez Aquino. La red utilizaba el sistema financiero nacional, así como bienes muebles e inmuebles, para ocultar y legitimar los recursos ilícitos obtenidos del narcotráfico.
El análisis patrimonial y financiero posterior demostró una clara desproporción entre los ingresos lícitos reportados por los acusados y el alto valor de las propiedades adquiridas. La pieza acusatoria determinó que la estructura utilizaba principalmente a Paola Moni Ochoa y a Matilde Aquino como figuras de testaferrato para colocar los bienes a sus nombres y así intentar burlar a las autoridades.
Origen del caso: Los allanamientos de 2023
El desmantelamiento de esta red criminal tuvo su origen el 1 de junio de 2023, fecha en la que las autoridades ejecutaron múltiples allanamientos simultáneos en diversos puntos estratégicos de La Romana.
Durante aquellas intervenciones coordinadas, los cuerpos de seguridad ocuparon:
- Grandes cargamentos de sustancias narcóticas, incluyendo cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis.
- Armas de fuego y vehículos destinados para la distribución de los estupefacientes.
- Dinero en efectivo y registros contables de las ventas operacionales.
- Equipos electrónicos y laboratorios clandestinos utilizados para la preparación, dosificación y empaque de la droga.
Equipo investigador y proceso pendiente
La profunda investigación financiera, documental y de campo estuvo a cargo de los fiscales investigadores Claudio Cordero, de la Procuraduría Antilavado, y Johanny López Vargas, de la Fiscalía de La Romana. Por su parte, la litigación del caso ante el tribunal fue sustentada con éxito por los fiscales Hitler Sánchez y John Mota.
El Ministerio Público informó que el proceso judicial contra otro de los acusados de formar parte de esta estructura, Elvin Jacin Pérez (alias «Yonquely»), continúa abierto y con una audiencia fijada para el próximo 23 de julio de 2026.
