El Ministerio Público de la República Dominicana ha puesto al descubierto los engranajes de una de las estructuras de cibercrimen más organizadas y lucrativas de los últimos años. Con base en el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos, en la provincia de Santiago, así como en Jarabacoa, la red desmantelada mediante la Operación XL 526 logró estafar y extorsionar a más de 400 ciudadanos estadounidenses, valiéndose de la tecnología, bases de datos públicas de EE. UU. y el terror psicológico.
Las autoridades, con el respaldo y validación de datos del departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, han presentado un voluminoso expediente de 365 páginas para solicitar prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra este grupo de jóvenes de zonas suburbanas.
El anzuelo: Citas ficticias y números virtuales
La operación criminal iniciaba en el plano digital. Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios falsos en portales de citas y encuentros íntimos en EE. UU., ofreciendo servicios sexuales de supuestas mujeres que no existían.
Para ocultar que operaban desde la República Dominicana y no levantar sospechas, compraban números telefónicos virtuales estadounidenses. De esta forma, cuando las víctimas —a quienes dentro de la organización llamaban despectivamente «Panchos»— contactaban el anuncio, la llamada o el mensaje de WhatsApp se redirigía de manera invisible a los centros de operaciones en Santiago.
El rol de los «Tiradores» y la ingeniería social
En la primera fase de contacto entraban en acción los «tiradores». Su función era ganarse la confianza inicial de la víctima para sonsacarle datos básicos, fotografías y, si era posible, adelantos de pago mediante tarjetas de regalo.
Una vez que conseguían el número de teléfono real del usuario, los criminales realizaban capturas de pantalla y las transferían a otros miembros de la red especializados en rastreo. Utilizando plataformas de recopilación de registros públicos de Estados Unidos, los ciberdelincuentes realizaban búsquedas exhaustivas hasta dar con la vida entera de la víctima: nombres de familiares, edades, lugares de trabajo y direcciones residenciales exactas.
El guion del terror: Falsos carteles y amenazas de muerte
Con el perfil completo de la víctima en mano, la estafa pasaba a convertirse en una extorsión violenta. Un miembro de la organización llamaba haciéndose pasar por el «encargado» o «administrador» de la supuesta joven. Siguiendo un guion agresivo, le reclamaba al usuario haberle hecho perder tiempo y dinero a la chica por supuestamente haber rechazado a otros clientes, exigiéndole el pago inmediato de una multa.
Si la víctima se resistía, la red ejecutaba su táctica más destructiva: la intimidación armada. Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones de extrema violencia internacional, como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas (MS-13). Para que la amenaza fuera infalible, realizaban montajes audiovisuales de personas encapuchadas portando armas largas de fuego, a los cuales les superponían notas de voz en inglés o español con acento extranjero donde mencionaban de manera explícita el nombre de la víctima o de sus familiares directos. Presas del pánico y temiendo por sus vidas, las víctimas cedían a los pagos.
Lavado de activos y la ruta del dinero
Para mover las millonarias sumas extorsionadas sin activar las alarmas antiblanqueo, la red estructuró un circuito financiero transnacional:
- Colectores en EE. UU.: Las víctimas depositaban el dinero a través de plataformas digitales como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o Bitcoin, hacia cuentas pertenecientes a intermediarios en territorio estadounidense que movían los fondos de inmediato.
- Envío a República Dominicana: El dinero era transferido al país a favor de testaferros de la red utilizando remesadoras tradicionales como Caribe Express, Western Union, Ria y Vimenca. Por este servicio de intermediación, los criminales pagaban comisiones de entre un 15% y un 30%.
Evidencias e investigación judicial
El Ministerio Público ha sustentado el caso de forma contundente mediante interceptaciones telefónicas transcritas, informes periciales y análisis forenses. En los allanamientos se incautaron decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y hasta barras de oro.
Asimismo, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) confirmaron que los acusados no tenían empleos lícitos que justificaran sus cuentas bancarias de decenas de millones de pesos ni el amplio listado de terrenos e inmuebles de lujo que adquirieron para el lavado de activos.
La jueza del juzgado de Atención Permanente de Santiago evaluará la solicitud de medidas de coerción el próximo lunes, en lo que se perfila como uno de los golpes más contundentes a la ciberdelincuencia organizada en la región norte del país.
