Agentes adscritos a la Dirección de Área Policía Cibernética de la Policía Nacional apresaron en el Distrito Nacional a un hombre que era activamente buscado por su presunta vinculación en un caso de estafa y fraude electrónico, que involucra una transferencia ilícita de fondos.
El detenido fue identificado como Osvaldo Joel Mencia Fortuna, cuyo arresto se ejecutó durante un operativo focalizado en la avenida Ortega y Gasset de esta capital.
Detalles del arresto y orden judicial
La captura de Mencia Fortuna se materializó en cumplimiento de la orden judicial No. 0032-AGOSTO-2025. El imputado había logrado evadir a las autoridades desde que se emitió el dictamen judicial el año pasado, hasta que labores de inteligencia civil y seguimiento digital permitieron ubicar su localización exacta en la vía pública.
El origen del fraude
De acuerdo con el informe técnico de los investigadores de la Policía Cibernética, el esquema fraudulento se remonta al 6 de abril de 2023.
- El Modus Operandi: Los delincuentes vulneraron un sistema electrónico para desviar fondos de la víctima.
- La Evidencia: Mencia Fortuna figuró directamente en el sistema financiero como el beneficiario final del dinero sustraído, el cual ascendía a la suma de RD$44,000, depositados de manera ilícita en una cuenta de ahorros registrada a su nombre.
Implicaciones legales
Las autoridades policiales informaron que las acciones del detenido constituyen una franca violación a la legislación tecnológica vigente en el país.
Marco Jurídico: El imputado enfrenta cargos por violación al artículo 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, estamento legal que tipifica y sanciona las transferencias electrónicas de fondos y accesos ilícitos con fines fraudulentos.
Este arresto forma parte del esquema de contingencia y persecución que mantiene la institución del orden para contrarrestar los delitos digitales y dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos que resultan afectados por estafas en línea. El prevenido ya fue conducido y puesto bajo el control del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.
