La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena de tres años de prisión contra Johanna Madera García, hallada culpable de suplantación de identidad, extorsión y chantaje. La pena, que concluirá el 15 de junio de 2029, se ejecuta actualmente en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La sentencia original fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional e incluye severas sanciones económicas para la imputada.
El «modus operandi» y las indemnizaciones
Los hechos que originaron la condena penal se remontan al año 2022. Madera García estructuró un esquema de chantaje digital que afectó tanto a una institución educativa como a una ciudadana particular:
- El engaño: La imputada creó un grupo de WhatsApp simulando ser madre de un alumno del Colegio Mundo Creativo Montessori.
- La escalada: Tras iniciar con quejas falsas, la situación escaló a amenazas de secuestro de estudiantes, exigiendo sumas de hasta 100 mil pesos para no ejecutar los actos.
- Suplantación: Para canalizar los pagos ilícitos, Madera García utilizó la cédula de identidad de la ciudadana Karla Fitch, usurpando sus datos personales.
Como resultado de estos daños, los tribunales le impusieron el pago de indemnizaciones financieras que ascienden a cinco millones de pesos dominicanos a favor del Colegio Mundo Creativo Montessori y un millón de pesos a favor de Karla Fitch.
Nuevo proceso judicial: Amenazas a la prensa
A pesar de encontrarse en reclusión, el historial judicial de Madera García se extiende. Actualmente enfrenta un nuevo proceso legal tras ser acusada de utilizar nuevamente la identidad de Karla Fitch para enviar amenazas a los comunicadores Jaime Rodríguez Rincón y Julio Samuel Sierra, miembros del periódico El Nuevo Diario.
El estatus de este nuevo caso es el siguiente:
- Tribunal a cargo: Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas.
- Próxima cita: El juicio preliminar está programada para este miércoles 24.
- Audiencia previa: Tuvo que ser pospuesta con el fin de garantizar la comparecencia obligatoria de la imputada y su cuerpo de defensa.
Ante este panorama, el abogado de los comunicadores afectados manifestó su preocupación ante el tribunal, señalando que la defensa de la imputada podría estar recurriendo a tácticas dilatorias para retrasar el avance del proceso.
