El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su titular, Eduardo Estrella, fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) bajo la acusación de desacato. La acción legal se fundamenta en el incumplimiento de dos sentencias definitivas que ordenan el pago de derechos adquiridos e incentivos a servidores públicos de carrera.
El abogado Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos y representante legal de los afectados, informó que la institución fue notificada formalmente de los fallos irrevocables. Estos ordenan la entrega de incentivos de rendimiento individual, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas a favor de los servidores públicos Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez y Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC responda a lo que han establecido estas sentencias, pero la intolerancia del Ministro de Obras Públicas y su equipo nos obliga a actuar; llegaremos hasta las últimas consecuencias para reivindicar el derecho de estas laboriosas personas”, explicó Batia.
El jurista afirmó además que las decisiones judiciales adquirieron el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificara la inexistencia de recursos de casación pendientes y se declararan improcedentes los recursos de revisión interpuestos.
El desglose de las sentencias y una penalidad millonaria
El monto total base que el MOPC está obligado a pagar asciende a RD$1,077,742.58. Sin embargo, debido al retraso en la ejecución, la suma total se ha incrementado drásticamente debido a las multas coercitivas fijadas por el tribunal.
Caso Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez
La Primera Sala del TSA acogió parcialmente su recurso y ordenó al MOPC el pago de RD$731,380.39 por concepto de:
- Incentivos de rendimiento individual e incentivos colectivos SISMAP.
- Bonos de carrera administrativa.
- Sesenta días de vacaciones acumuladas, amparados en la Ley 41-08 de Función Pública.
Aunque el fallo excluyó de responsabilidad patrimonial personal al ministro y a la exdirectora de Recursos Humanos, fijó una astreinte (multa diaria) de RD$5,000 por cada día de retraso. Dicha penalidad comenzó a correr el 1 de diciembre de 2025, acumulando al 23 de junio de 2026 la suma de RD$1,025,000 solo por concepto de moras.
Caso Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero
Por su parte, la Quinta Sala del TSA ordenó al Ministerio revisar el reajuste salarial reclamado por el servidor público y proceder al pago de RD$346,362.19. Este monto corresponde de igual manera a incentivos de rendimiento, bonos de carrera y sesenta días de vacaciones no disfrutadas. En este dictamen también se descartaron condenas patrimoniales personales para los funcionarios implicados.
Nueva batalla legal programada para julio
De manera paralela a la fase de ejecución de los fallos vigentes, la documentación judicial revela que el conflicto escalará en los próximos días. El Tribunal Superior Administrativo fijó para el 28 de julio de 2026 la audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez.
Esta nueva acción legal va dirigida de manera específica contra el Ministerio de Obras Públicas y su actual titular, sosteniendo que la dilación y la falta de ejecución de las sentencias han provocado severos perjuicios económicos a los demandantes, buscando determinar la responsabilidad civil y patrimonial del Estado ante la inobservancia de la ley.
