El Ministerio Público solicitó formalmente la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo contra tres personas acusadas de integrar una red corrupta que desvalijó los fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, valiéndose del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para estafar millonariamente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los principales implicados en el entramado son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quienes presuntamente utilizaron sus posiciones y fundaciones para desviar recursos destinados a pacientes con cáncer.
Un entramado familiar para el fraude
De acuerdo con las investigaciones presentadas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el esquema delictivo operaba de manera directa a través de los tres acusados y las entidades comerciales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
- Héctor Antonio Lora Cruceta: Aprovechó su rol como presidente de la entidad sin fines de lucro y miembro de la junta directiva del Oncológico para coordinar las maniobras financieras.
- Dilcia Isabel Vargas Sánchez (Exesposa): A pesar de haberse divorciado de Lora en 2014, ocupó la vicepresidencia y fungió simultáneamente como auditora interna y externa del patronato, facilitando la falta de fiscalización.
- Luisa Yasiris Guzmán (Esposa actual): Presidenta de la Fundación Tócate RD, entidad satélite utilizada para la distracción de los fondos públicos y privados.
El «Modus Operandi»: Desde recetas falsas hasta cirugías estéticas
El órgano persecutor civil y penal detalló un amplio e indignante catálogo de delitos cometidos por la red en perjuicio de la salud pública y los fondos del Estado:
- Fraude clínico y farmacéutico: Alteración de indicaciones médicas, uso de sellos falsificados de doctores y entrega incompleta de medicamentos de alto costo a los pacientes.
- Doble facturación: Cobros duplicados al SeNaSa por servicios y tratamientos que nunca fueron suministrados.
- Negocio con donaciones: Prohibición de la entrega gratuita de medicamentos donados para, en su lugar, proceder a venderlos de manera ilegal.
- Contrabando y tráfico: Uso de exoneraciones fiscales destinadas al hospital para realizar contrabando de mercancías y tráfico de sustancias controladas.
- Uso indebido de instalaciones: Utilización de los quirófanos y habitaciones del centro oncológico para realizar cirugías estéticas particulares.
- Malversación interna: Autoasignación de sueldos millonarios, viáticos, alteración de gastos de representación y reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles de lujo, además de sabotaje digital y robo de archivos del centro asistencial para borrar evidencias.
Durante los operativos de arresto de la denominada operación desplegada en la zona, en la que colaboraron la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon altas sumas de dinero en efectivo, un arma de fuego, vehículos, títulos de propiedad y equipos informáticos (computadoras, celulares y DVR).
El equipo litigante y estatus del proceso
El Ministerio Público desplegó para este caso a un equipo de alto nivel encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Pepca, y Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, acompañados por los fiscales Joanna García y Elvin Ventura.
La solicitud formal fue conocida ante la jueza Estefani Reyes. La audiencia, que inició la tarde del martes y se extendió pasadas las 9:00 de la noche, fue suspendida y se reanudará el jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, momento en que se iniciará la etapa de réplicas y contrarréplicas entre las partes.
Los encartados enfrentan cargos graves de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
