El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó que, a pesar de las debilidades presentes en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en agosto de este año, no considera oportuno extender el plazo para su implementación (vacatio legis). La organización entiende que postergar su aplicación sentaría un mal precedente para la institucionalidad del país.
Para la entidad, las reformas necesarias deben gestionarse de manera inmediata, ya sea mediante la intervención pronta del Congreso Nacional o a través de los fallos del Tribunal Constitucional, órgano que ya se encuentra apoderado de varios recursos de revisión.
Demandas clave: Tres causales y libertad de prensa
Entre las correcciones urgentes que Participación Ciudadana favorece se encuentran aspectos de alto impacto social y de derechos fundamentales:
- Las tres causales: Apoyan la inclusión de las eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres.
- Despenalización de delitos de palabra: Exigen eliminar del ámbito penal los delitos de difamación, injuria y ultraje, alineando la legislación con las tendencias internacionales para blindar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Avances significativos: Nuevos delitos y combate a la corrupción
Pese a las críticas, la organización resalta que el nuevo código representa un avance normativo al incorporar alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas críticas para la sociedad, tales como el feminicidio, la violencia de género, cibercrímenes, sicariato, autosecuestro, obstrucción de la justicia y crímenes de lesa humanidad.
Respecto a la corrupción pública, el texto legal introduce novedades principales:
- Cúmulo de penas: La comisión de múltiples delitos implicará la sumatoria de todas las penas correspondientes a cada una de las infracciones.
- Nuevas tipificaciones: Se sanciona de manera específica el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, el acuerdo ilícito entre comerciantes y la sobrevaluación ilegal.
- Uso indebido de fondos: Castiga la distracción de recursos públicos con la complicidad de terceros y los pagos irregulares en contratos administrativos.
- Prescripción: Las infracciones contra el patrimonio público tendrán un plazo de prescripción de 20 años.
Próximos pasos legislativos
Participación Ciudadana informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja actualmente en un anteproyecto de ley destinado a corregir las deficiencias del texto aprobado. El movimiento cívico instó a que esta propuesta sea dada a conocer y sometida sin dilaciones ante el Congreso Nacional, señalando que las cámaras legislativas deben ser las primeras interesadas en enmendar los errores de la pieza.
