El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana puso en circulación el 9no. Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa, revelando que en un período de apenas dos semanas se produjeron decisiones judiciales de alta relevancia en los principales procesos de corrupción del país. Estas acciones legales han dado como resultado 95 condenas en primer grado y el envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas, concentrándose la atención en los expedientes de Adán Cáceres, Donald Guerrero y José Ángel Gómez.
Dentro de los avances judiciales detallados, el caso Adán Cáceres y compartes registró el dictamen de su dispositivo de sentencia de fondo el 15 de junio de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal condenó a 20 personas y absolvió a siete, imponiendo las penas máximas de 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del CUSEP; al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del CESTUR; y al coronel Rafael Núñez de Aza. Asimismo, se fijaron penas de 10 años para otros implicados como Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez. El fallo ordenó además la disolución de cinco sociedades comerciales, el decomiso de múltiples bienes (incluyendo 115 vehículos, 160 inmuebles y sumas en efectivo) y el pago de una indemnización solidaria de 5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
En lo relativo al caso de Donald Guerrero y compartes, la magistrada Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó apertura a juicio de fondo para la mayoría de los imputados. No obstante, la jueza emitió un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, decisión que ya fue recurrida en apelación por el Ministerio Público y el equipo gubernamental de recuperación de bienes. En esta etapa preliminar se admitieron más del 90% de las pruebas presentadas y se desestimaron los incidentes de las defensas, incluyendo la solicitud de extinción de la acción penal.
Por otra parte, el caso de José Ángel Gómez y compartes fue enviado a juicio de fondo por la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El proceso alcanza a personas físicas como el exdirector del INTRANT, Hugo Beras, José Ángel «Jochi» Gómez Canaán, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, entre otros, así como a firmas comerciales como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. Aunque se descartó el tipo penal de terrorismo, se validaron los cargos por corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos. La primera audiencia del juicio de fondo quedó fijada para el 11 de agosto de 2026 ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Arlín Ventura Jiménez.
El Observatorio anunció que incorporará a su monitoreo el proceso que se conoce en Santiago contra los imputados en el caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, cuyas solicitudes de medidas de coerción se evalúan actualmente debido a la gravedad de los hechos, calificados por diversos sectores como un posible crimen de lesa humanidad.
Al fijar su posición institucional, Participación Ciudadana subrayó la importancia de que estos expedientes alcancen la fase de juicio de fondo, por constituir el escenario público idóneo donde se debate la totalidad de las pruebas bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. La entidad recordó que la apertura de esta etapa procesal no determina la culpabilidad de los encartados, quienes mantienen intacto su derecho fundamental a la presunción de inocencia hasta que intervenga una sentencia condenatoria de carácter irrevocable.
