El proyecto Everest Tower, una torre residencial y comercial proyectada para el sector Piantini, en el Distrito Nacional, se encuentra en el centro de una disputa legal que enfrenta a la empresa promotora con el propio Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). Todo comenzó con un fallo judicial que dejó sin efecto los permisos urbanísticos del proyecto, pero la desarrolladora ya respondió con una versión distinta de los hechos.
La sentencia que encendió la polémica
La Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró la nulidad de los certificados de uso de suelo y de no objeción vinculados a la construcción de Everest Tower. La decisión, identificada como la sentencia núm. 0030-1642-2026-SSEN-00280 y emitida el 9 de julio de 2026, fue el resultado de un recurso interpuesto por el propio Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Según el tribunal, las autorizaciones habían incumplido normativas relacionadas con uso de suelo, densidad, altura y retiros de construcción, específicamente lo dispuesto en la Resolución Municipal núm. 94-98 y la Ordenanza núm. 9/2019, que rige el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional.
De 64 apartamentos a un complejo con helipuerto
Uno de los puntos centrales del fallo tiene que ver con los cambios que sufrió el proyecto con el paso del tiempo. La propuesta original contemplaba una torre de 64 apartamentos, pero modificaciones posteriores derivaron en un complejo mucho más ambicioso: 238 suites tipo condominio-hotel, además de restaurantes, oficinas, salones de eventos, áreas de servicios y un helipuerto.
Ese crecimiento disparó la carga urbanística de la zona hasta una densidad estimada de 3,763 habitantes por hectárea, por encima de lo permitido. El tribunal también objetó que la edificación, con 22 niveles sobre rasante más mezzanine y áreas de servicio, superaba la altura máxima autorizada para ese tipo de vía, y que algunos linderos no cumplían con los retiros mínimos exigidos, lo que podría afectar la ventilación, iluminación, seguridad y privacidad de los vecinos.
El helipuerto y un matiz importante
La sentencia también aclaró un punto que suele generar confusión en este tipo de proyectos: que un permiso del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) solo cubre la seguridad aérea de una instalación como un helipuerto, pero de ninguna manera reemplaza la evaluación de compatibilidad urbanística que le corresponde hacer al gobierno municipal.
El reclamo original partió de residentes y de la junta de vecinos de Piantini, quienes venían advirtiendo sobre el impacto que tendría la obra por su densidad, altura y componentes comerciales en una zona ya marcada por la alta congestión vehicular.
La respuesta de Grupo Choroni: «quien expidió los permisos fue la propia alcaldía»
Tras la difusión pública del fallo, Grupo Choroni, la empresa detrás de Everest Tower, salió a aclarar un punto que considera clave: los tres actos administrativos anulados por el TSA no fueron creación suya, sino que fueron redactados, revisados y expedidos por la propia Alcaldía del Distrito Nacional, bajo la actual gestión de la alcaldesa Carolina Mejía.
La desarrolladora sostiene que fue la Dirección de Planeamiento Urbano de esa misma alcaldía la que evaluó, aprobó y renovó los permisos del proyecto en tres ocasiones distintas: 2020, 2022 y 2023.
«Se dio un tiro en el pie», dice el abogado de la empresa
El doctor Julio Cury, abogado de Grupo Choroni, fue tajante al calificar la actuación municipal. Según su argumento, el ayuntamiento terminó perjudicándose a sí mismo al recurrir ante el TSA mediante una acción de lesividad para pedir la anulación de sus propias decisiones administrativas.
El jurista defendió que la empresa se limitó a solicitar y recibir las aprobaciones de las autoridades vigentes, y que si esos certificados no eran compatibles con la normativa interna, era responsabilidad de la propia alcaldía advertirlo antes de emitirlos, ya que fue esa institución la que los tramitó, revisó, selló y expidió.
Cury insistió en que Grupo Choroni actuó amparado en la presunción de legalidad de los permisos que recibió, y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de decisiones pueden tener sobre inversiones de gran escala. A su juicio, anular tres años consecutivos de decisiones propias no es motivo de celebración para la alcaldía, sino más bien una derrota institucional, sobre todo tratándose de un proyecto en el que se han invertido cientos de millones de pesos.
El caso aún no está cerrado
Pese al fallo del TSA, Grupo Choroni insiste en que la historia no ha terminado. La empresa remarcó que la sentencia no tiene carácter de cosa irrevocablemente juzgada, por lo que no representa el cierre definitivo del litigio.
De hecho, el equipo legal de la desarrolladora confirmó que ya recurrió la decisión en casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, y que esa acción viene acompañada de una demanda en suspensión de ejecución. Para Cury, es prematuro presentar el fallo del TSA como el desenlace final del caso, ya que el debate legal apenas comienza su recorrido ante la más alta instancia judicial del país.
