La mano dura contra la delincuencia divide a la Cámara de Diputados. Legisladores de distintos partidos rechazaron que los operativos policiales terminen en ejecuciones fuera de los tribunales y advirtieron que el Estado debe enfrentar el crimen sin salirse de lo que manda la Constitución.
El tema tomó fuerza tras la reacción de las autoridades ante personas acusadas de cometer delitos y los llamados públicos para que los perseguidos se entreguen antes de que sea tarde.
«Fiscal, juez y verdugo al mismo tiempo»
El diputado de la Fuerza del Pueblo Carlos de Pérez fue uno de los más duros. Recordó que la legislación dominicana no contempla la pena de muerte y alertó sobre el peligro de aceptar como algo normal que un agente decida por su cuenta quién vive y quién muere.
A su juicio, cuando un policía mata a un sospechoso asume en un solo acto el papel de acusador, juez y ejecutor. «No podemos aceptar eso como norma», sostuvo, advirtiendo que en ese proceso terminan pagando personas que nada tienen que ver con el delito.
El legislador también cuestionó que el presidente de la República exhortara a los delincuentes perseguidos a entregarse para evitar consecuencias mayores. Según De Pérez, ese no es el camino: a la Policía le toca capturar a los sospechosos y al Ministerio Público armar casos sólidos para llevarlos a los tribunales.
Para él, una parte importante del problema está en la fiscalía, pues muchos acusados quedan libres por expedientes mal instrumentados, algo que criticó con dureza.
Desde el PRM: «Si usted tira balas…»
La visión no es unánime. El diputado oficialista Luis Báez, del Partido Revolucionario Moderno, matizó que defender el debido proceso no significa ser blandos con quienes salen armados a atracar o asesinar.
Báez explicó que las autoridades tienen el deber de proteger a la ciudadanía y que quien dispara contra agentes debe saber que estos pueden responder para salvar sus vidas y las de otros. Lo resumió con una frase contundente: «Si usted tira balas no se le pueden tirar flores». Además, aconsejó a los perseguidos entregarse por su propia voluntad para evitar enfrentamientos con saldo fatal.
Según reseña Anyelo Mercedes en El Día, los propios legisladores admitieron que el asunto tiene dos caras: por un lado, la necesidad de firmeza frente a delincuentes armados que ponen en riesgo a civiles y policías; por otro, las fallas en la preparación de expedientes que terminan abriéndole la puerta de la cárcel a los acusados.
«Prefiero un delincuente suelto»
El diputado Gustavo Sánchez se alineó con la postura crítica. Defendió que lo correcto es usar las vías institucionales y advirtió del riesgo de que la sociedad termine viendo la muerte de presuntos delincuentes como una política aceptable.
«Lo que pasa no puede llevarnos a instituir la pena de muerte», señaló Sánchez, quien fijó su posición con una frase que resume la defensa de las garantías judiciales, aun con un sistema de persecución penal lleno de debilidades:
«Yo prefiero un delincuente suelto y no un inocente preso».
