El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó una nueva solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, ordenando la continuación inmediata del juicio por corrupción administrativa. Tras la emisión del fallo, el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la decisión envía un firme «mensaje en derecho» frente a las constantes maniobras dilatorias de los imputados.
Estrategia de dilación sin vulneración de plazos
El tribunal, integrado por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, determinó que, aunque han transcurrido cinco años desde el inicio del proceso, no se ha vulnerado el plazo razonable. La resolución atribuyó las demoras a las reiteradas solicitudes de aplazamiento, recusaciones masivas al equipo fiscal y tácticas defensivas orientadas a evitar la apertura del debate probatorio.
Camacho, quien encabezó el equipo litigante junto a la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que el acusado busca impunidad para evadir los elementos de prueba recolectados por el órgano acusador:
«Jean Alain Rodríguez busca impunidad dentro y fuera del tribunal. Por suerte, este tribunal le ha enviado un mensaje en derecho y le ha dicho que tiene que prepararse para defenderse de la prueba. Llegó el momento de hacer justicia y que él enfrente y pague por sus atrocidades.»
Nuevos pedimentos incidentales
Respecto a las solicitudes de extinción tramitadas de manera reciente por las defensas de los coimputados Rafael Solano y Ramón Burgos, el titular de Persecución señaló que el criterio del tribunal se basó en el comportamiento procesal de todas las partes. Por ello, anticipó que estos nuevos intentos por frenar el juicio deberán ser rechazados de igual forma por carecer de fundamento jurídico.
Claves del expediente judicial
- Desfalco millonario: El Ministerio Público acusa a Rodríguez Sánchez de defraudar más de RD$6,000 millones de fondos públicos durante su gestión al frente de la Procuraduría General (2016-2020).
- Calificación jurídica: Se imputan delitos de corrupción administrativa, soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
- Coacusados: El expediente abarca a más de 15 personas físicas, entre las que figuran Alfredo Solano, Javier Forteza, Jhonatan Rodríguez, Miguel José Moya y Rafael Mercedes.
