El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso condenas de entre 3 y 10 años de prisión a los integrantes de una estructura criminal dedicada al contrabando, acopio y distribución de armas de fuego de alta potencia que operaba desde los municipios de Licey al Medio y Moca.
Condenas dictadas por el tribunal Tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscal Aida Medrano Gonell en representación del Ministerio Público, las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto establecieron las siguientes sanciones:
- Hornandys Emmanuel Cruz Almonte: 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago.
- Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vásquez y Félix Francisco Vásquez Peralta: 6 años de prisión cada uno en el CCR La Isleta, en Moca.
- Rosalba María Estrella López: 5 años de prisión con pena suspendida bajo condiciones específicas.
- Marcos de Jesús Diplán Diplán: 3 años de prisión suspendida y multa de 25 salarios mínimos del sector público.
- Valentín de Jesús Caraballo Guzmán: Sentencia absolutoria.
Modus operandi y cooperación internacional La red fue desmantelada tras más de un año de seguimiento mediante una operación interagencial que contó con la participación de unidades SWAT de la Policía Nacional, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y la colaboración del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
El grupo adquiría el armamento en el mercado estadounidense y lo introducía a territorio dominicano a través de empresas de transporte de mercancías, oculto en tanques adaptados con doble fondo («caletas»). Una vez en el país, utilizaban las residencias de los imputados y de sus familiares en Licey al Medio y Moca como centros de acopio antes de comercializar las armas con otras organizaciones delictivas.
Bienes decomisados y tipificación legal Durante las intervenciones se incautaron 18 pistolas de alta potencia (en su mayoría Glock 9 mm), 3 revólveres, 2 escopetas, tanques de envío modificados, vehículos, dispositivos electrónicos y RD$700,000 en efectivo.
Los procesados fueron sancionados por infracción a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores), además de diversos artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, relativos al tráfico ilícito y lavado de activos. Además de las penas privativas de libertad, se fijaron multas a favor del Estado de entre 50 y 75 salarios mínimos. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 16 de octubre.
