Todos los colegios y escuelas del país, sin distinción entre públicos y privados, quedarían obligados a impartir la asignatura de moral y cívica si prospera la pieza legislativa que la Cámara de Diputados dejó aprobada este martes en segunda lectura.
La medida no se limita a un grado ni a un nivel específico. El texto abarca todo el sistema educativo preuniversitario, desde la educación inicial hasta el término de la secundaria, lo que significa que acompañaría al estudiante durante prácticamente toda su formación escolar.
¿Qué contenidos entrarían al aula?
El objetivo declarado de la iniciativa es formar a los alumnos en el respeto a la Constitución, los derechos humanos y los símbolos patrios, además de instruirlos en los principios éticos y en la manera en que funcionan las instituciones del Estado dominicano.
Pero la propuesta va más allá del temario. Establece que esos contenidos no se enseñen de forma memorística, sino a través de metodologías participativas apoyadas en la reflexión y el análisis crítico, siempre aplicados a situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes.
De tres propuestas separadas a un solo texto
La pieza que finalmente llegó al hemiciclo nació de la fusión de tres iniciativas distintas, presentadas por los diputados Onavel Aristy, Jorge Zorrilla y Liz Mieses. Fue la Comisión Permanente de Educación la encargada de unificarlas en un único articulado.
El papel que asumiría el Minerd
La responsabilidad de que la ley no quede en el papel recaería sobre el Ministerio de Educación (Minerd), al que se le asigna la tarea de fiscalizar cómo se implementa el programa en cada centro educativo.
A esa función se suma otra igual de determinante: diseñar los planes de capacitación docente que necesitarán los maestros para poder impartir la asignatura conforme a lo que exige la normativa.
Todavía falta un paso
Con la aprobación de los diputados, el expediente quedó remitido al Senado de la República, donde deberá ser ponderado antes de continuar su trámite. Hasta que esa instancia se pronuncie, la obligatoriedad de la moral y cívica sigue siendo un proyecto y no una ley vigente.
