El Gobierno dominicano anunció la adopción de medidas para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares en terrenos de la Reforma Agraria, mediante un protocolo de actuación que busca reforzar la seguridad jurídica de los productores en el territorio nacional.
La iniciativa será coordinada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, en conjunto con representantes del sector campesino, tras una reunión de trabajo en la sede de Agricultura.
Ruta de intervención y levantamiento técnico
Las autoridades acordaron ejecutar un levantamiento para estructurar una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los asentamientos afectados, entre los que figuran:
- Demarcaciones prioritarias: Mogollón en San Juan de la Maguana, Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia, entre otros proyectos parcelarios.
- Evaluaciones individuales: El ministro de Justicia precisó que se analizará cada caso de forma independiente bajo el debido proceso para garantizar los derechos de los productores y preservar los predios agrícolas estatales.
- Comisión interinstitucional: Se conformará un equipo técnico integrado por representantes jurídicos de las entidades involucradas para documentar expedientes, evaluar la condición territorial y recomendar procesos de regularización y titulación definitiva.
Denuncias del sector campesino
Dirigentes del movimiento agrario, entre ellos Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, expusieron los mecanismos utilizados en estas ocupaciones:
- Modus operandi reportado: Representantes campesinos señalaron que terceros apelan a supuestos abogados y alegados respaldos de civiles, policías y militares para desplazar a los parceleros de sus predios.
- Impacto: Advirtieron que estas acciones afectan la estabilidad productiva de las zonas agrícolas y generan situaciones de riesgo para la integridad de las familias trabajadoras.
Por su parte, el ministro de Agricultura sostuvo que la protección de la propiedad sobre las tierras agrícolas contribuye a la estabilidad de la cadena productiva y a la seguridad alimentaria del país. El protocolo incluirá un esquema de seguimiento continuo entre las instituciones oficiales y las organizaciones campesinas para dar respuesta a los expedientes vigentes y prevenir futuras afectaciones.
