En los últimos meses se han multiplicado los casos de comercios que bajan su santamaría en distintos puntos del país.
Algunos cierres se hacen públicos y generan comentarios; muchos otros ocurren en silencio, dejando atrás deudas acumuladas y el desgaste de quienes invirtieron años de esfuerzo en levantar esos negocios.
Es cierto que dentro de cualquier economía es normal que unas empresas cierren mientras otras abren. Factores de mercado, administración o rentabilidad explican buena parte de esos movimientos.
Sin embargo, en el caso dominicano hay elementos adicionales que empujan al cierre a negocios cuyos dueños sí están haciendo lo necesario para mantenerlos a flote.
El costo y la inestabilidad del suministro eléctrico son uno de los primeros obstáculos. El pequeño comerciante no solo paga su factura de luz, sino que además debe costear inversores, baterías, plantas y combustible para cubrir los apagones. Ese gasto extra sale del mismo dinero que debería ir al alquiler, la nómina y la reposición de mercancía.
Algo parecido pasa con los préstamos. Se financia el negocio con la expectativa de que las ventas respondan, pero cuando eso no ocurre, los intereses comienzan a comerse las ganancias. Las cuotas del banco no esperan, aunque haya semanas donde apenas alcance para cubrir gastos básicos.
El resultado es que muchos negocios siguen operando mientras su dueño se endeuda cada vez más y ve reducirse el capital que había logrado reunir. Cuando finalmente cierra, el golpe ya alcanzó también las finanzas de su familia.
A esto se suma la carga que representa cumplir con la DGII. Un pequeño empresario que ya se encarga de comprar, vender, cobrar y administrar, tiene que lidiar además con trámites fiscales que exigen conocimientos técnicos o el pago de una asesoría contable adicional.
Nadie discute que las empresas deben tributar. El punto es que las autoridades deberían facilitar ese cumplimiento, con procesos comprensibles y orientación real para el pequeño contribuyente, en lugar de que cada gestión se convierta en un dolor de cabeza.
En cuanto a los programas de apoyo del Gobierno, valdría la pena revisar qué tan efectivos son realmente. Para un negocio al borde del cierre, la lentitud de una ayuda o un financiamiento puede ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer.
Del lado del consumidor también hay presión. Cuando una familia destina una porción cada vez mayor de su ingreso a alimentación, transporte, vivienda y servicios básicos, le queda menos para gastar en otras cosas. Esa contracción golpea directamente a los comercios, que ven caer sus ventas sin que sus obligaciones disminuyan.
A ese panorama se añade la expansión acelerada de grandes almacenes de capital chino, frente a los cuales los comerciantes dominicanos denuncian una competencia desigual. Comprar en volumen y de forma directa a los fabricantes les da una ventaja que el pequeño comerciante local, dependiente de intermediarios, difícilmente puede igualar.
La avenida Duarte refleja bien ese cambio. Un recorrido publicado por Diario Libre el 26 de agosto de 2026 contabilizó 49 comercios chinos frente a solo 25 dominicanos en el tramo entre las avenidas México y 27 de Febrero. Donde antes estaba Plaza París ahora opera Mudan, y el local que ocupaba Calzados Los Muchachos ahora es Casa Isla.
Queda pendiente saber qué pasó exactamente con los negocios dominicanos que salieron de esos espacios: cuántos se mudaron y cuántos simplemente desaparecieron. Esa información ayudaría a dimensionar mejor el impacto real de esta transformación comercial.
Las denuncias sobre las condiciones de algunos de estos establecimientos ya generaron reacción oficial. El 14 de septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader confirmó que la DGII adelanta más de 40 auditorías a empresas de capital chino, y aseguró que todas deben cumplir la ley sin importar la nacionalidad de sus dueños.
El Gobierno tiene que mostrar resultados más contundentes, porque este fenómeno —el cierre de comercios locales junto al crecimiento acelerado de negocios chinos— ha sido visible para todos durante meses, mientras las autoridades parecían ser las últimas en notarlo.
Ese mismo día, la Dirección General de Aduanas informó que durante el primer semestre del año recuperó RD$1,652 millones en impuestos no declarados de 389 importadores asiáticos, y que amplió sus verificaciones en establecimientos de Santo Domingo y Santiago para cruzar registros con las declaraciones aduaneras.
Corresponde ahora darle seguimiento a esas acciones y conocer sus resultados concretos. Las denuncias de evasión, subvaluación de mercancía y otras irregularidades deben investigarse a fondo, y quien resulte responsable debe recibir la sanción correspondiente. Todo comerciante necesita saber que las reglas aplican por igual para todos.
Pero la fiscalización, aunque necesaria, no puede ser la única respuesta. El pequeño comercio también necesita condiciones que le permitan sostenerse y competir: energía confiable, financiamiento accesible y una relación menos hostil con el Estado.
Por supuesto, también les toca a los propios empresarios revisar su gestión, mejorar sus compras y adaptarse a un mercado que cambia rápido. Pero ese esfuerzo individual necesita apoyarse en condiciones básicas que hoy no siempre existen.
Cuando un pequeño negocio cierra, no solo desaparece un local: quedan empleados sin trabajo, suplidores con facturas pendientes y familias que pierden su principal fuente de ingresos. En algunos casos, el dueño termina respondiendo con bienes que le costó años conseguir.
Por eso urge saber con precisión cuántos negocios están cerrando en el país y por qué. Las denuncias del pequeño comercio merecen una evaluación seria y respuestas concretas, antes de que la situación termine llevándose negocios que todavía tienen posibilidad de recuperarse.
El Gobierno debe prestar atención a quienes hoy siguen con las puertas abiertas, pero cada vez tienen menos certeza de cuánto tiempo más podrán mantenerlas así.
Este artículo retoma el análisis publicado originalmente por Alejandro Santos en El Nuevo Diario.
