Santo Domingo. El Movimiento Reconoci.do solicitó al Estado dominicano adoptar medidas definitivas para resolver los casos de personas nacidas en territorio nacional que permanecen con dificultades para ejercer plenamente su nacionalidad, obtener documentos de identidad o renovar registros ya emitidos por las autoridades.
El planteamiento fue presentado en un comunicado titulado “Por el reconocimiento pleno de la nacionalidad y el fin de la apatridia”, divulgado en el contexto del aniversario de la Sentencia TC/0168/13, emitida por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre de 2013, y de los debates posteriores sobre la aplicación de la Ley 169-14.
La posición sostiene que la defensa de la nacionalidad dominicana no se limita al control de los registros civiles o migratorios, sino que también supone proteger la certeza jurídica de quienes, según el comunicado, nacieron en el país, fueron inscritos o documentados por el propio Estado y posteriormente enfrentaron cuestionamientos a su condición legal.
Las entidades firmantes indicaron que, entre 1929 y la entrada en vigor de la Constitución de 2010, el ordenamiento dominicano reconoció el principio del nacimiento en territorio nacional como una vía de adquisición de la nacionalidad, con las excepciones establecidas en cada texto constitucional. En ese marco, afirmaron que varias generaciones fueron registradas como dominicanas y recibieron documentación oficial.
El comunicado señala que la Sentencia 168-13 introdujo una interpretación que afectó a personas nacidas décadas antes y que, en la práctica, produjo situaciones de inseguridad documental. Según las organizaciones, los efectos de esa decisión continúan presentes en trámites de actas de nacimiento, cédulas, renovaciones, declaraciones de hijos y acceso a servicios básicos.
Las organizaciones reconocen que el Estado aprobó la Ley 169-14 como respuesta institucional a la crisis generada por la sentencia. Sin embargo, consideran que su implementación no ha cerrado todos los casos pendientes y que la división entre los denominados Grupo A y Grupo B produjo respuestas diferenciadas frente a una misma problemática de nacionalidad y documentación.
De acuerdo con el texto, una parte de las personas afectadas quedó vinculada a procedimientos para validar o recuperar documentación dominicana, mientras otra fue colocada en procesos de registro como extranjera y eventual naturalización. Las entidades sostienen que esa ruta no constituye una reparación plena para quienes nacieron y desarrollaron su vida en República Dominicana.
El comunicado expone que la falta de documentos o la imposibilidad de renovarlos puede tener consecuencias directas en la vida cotidiana: interrupción de estudios, dificultades para acceder a empleo formal, imposibilidad de realizar trámites administrativos, limitaciones para declarar descendientes y obstáculos para ejercer derechos civiles.
También advierte sobre riesgos asociados al perfilamiento racial y a actuaciones migratorias contra personas dominicanas de ascendencia haitiana que se encuentran en situación de inseguridad documental. En particular, menciona denuncias de cuestionamientos en centros de salud y casos de personas detenidas o expulsadas pese a alegar vínculos de nacimiento, crianza y arraigo en el país.
Las organizaciones plantean que, antes de cualquier actuación que pueda derivar en una expulsión, las autoridades deben realizar una verificación individual, seria y documentada de la identidad y la nacionalidad de la persona. A su juicio, la incertidumbre documental no debe ser utilizada como argumento para desconocer derechos previamente reconocidos o para debilitar la pertenencia jurídica al país.
En ese sentido, el documento vincula la defensa de la nacionalidad dominicana con la obligación estatal de preservar la integridad del Registro Civil, garantizar procedimientos claros y evitar que la identidad legal de una persona dependa de prácticas administrativas prolongadas o contradictorias.
Las entidades pidieron al Estado dominicano garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de la nacionalidad de las personas que, conforme al régimen constitucional vigente entre 1929 y 2010, tengan derecho a ella. Asimismo, solicitaron resolver los expedientes pendientes derivados de la Ley 169-14 y poner fin a procedimientos que, según afirman, mantienen a familias en incertidumbre.
Otra de las demandas es la adopción de medidas contra el perfilamiento racial y la investigación de denuncias de actuaciones arbitrarias o discriminatorias. El comunicado afirma que el color de piel, los rasgos físicos, los apellidos o la ascendencia familiar no deben ser utilizados para cuestionar la nacionalidad de una persona nacida en República Dominicana.
El texto también reclama el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, especialmente en lo relativo a garantías de nacionalidad, identidad, registro civil y prevención de la apatridia.
Finalmente, las organizaciones propusieron que el 23 de septiembre sea reconocido oficialmente como Día Nacional de la Lucha contra la Apatridia, con el objetivo de mantener el tema en la agenda pública y promover garantías de no repetición.
El comunicado está firmado por Movimiento Reconoci.do, Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Ciudad Alternativa, Red de Coordinación Urbano Popular por la Defensa del Territorio, Coordinadora Popular Nacional, Organización de Mujeres y Jóvenes Batey Osvaldo Jolongo, Fundación Código Humano, Servicio Jesuita con Migrantes, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Asociación de la Comunidad Migrante Dominico-Haitiana, Centro para la Educación y el Desarrollo y Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.
Asimismo, establecer mecanismos efectivos de verificación de identidad y nacionalidad antes de cualquier actuación que pueda conducir a la expulsión de una persona, e investigar las denuncias documentadas de actuaciones arbitrarias o discriminatorias.
