Organizaciones ambientales y comunitarios de Manzanillo presentaron el viernes 16 de octubre una querella en la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi. Piden la suspensión inmediata de la construcción de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, ubicadas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, y que se castigue al consorcio responsable por un supuesto crimen ambiental.
La denuncia fue presentada por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) y representantes de la comunidad de Manzanillo. Como querella con constitución en actor civil, pide que el Ministerio Público solicite con urgencia al juez de Instrucción de Montecristi una medida cautelar extraordinaria que detenga las obras.
Lo que reclaman
- Que el consorcio Manzanillo Gas & Power, S.A. y sus socios (Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development) paguen US$200 millones, o su equivalente en pesos, por los daños al parque nacional, a las comunidades cercanas y a la biodiversidad.
- Que se condene a diez años de prisión a Luis Mejía Brache, administrador del Consejo de Administración, y a Sharon Cabral Sánchez, secretaria de la Junta de Administración del consorcio.
Es la segunda querella que presentan por este proyecto. La primera se depositó el miércoles 7 de octubre en la Procuraduría General de la República y pide procesar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, como coautor y promotor de la instalación de las plantas en el área protegida, con una pena de diez años de prisión. El proyecto, que funcionará con gas natural licuado, supera los US$1,750 millones y cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las acusaciones
El punto central de la denuncia es que el consorcio está construyendo en la zona de amortiguamiento del parque, algo que, según los querellantes, la ley prohíbe en áreas protegidas.
También sostienen que, entre octubre y noviembre de 2022, se destruyeron 575 mil metros cuadrados de vegetación virgen en esa zona. Según la denuncia, el terreno fue rellenado para levantar un terraplén de más de seis metros de altura, sin estudios previos ni licencia ambiental. Citan la Ley 307-04 de Pesca y Acuicultura, que castiga este tipo de daño con diez años de prisión.
Además, acusan al consorcio de construir sobre humedales y lagunas que forman parte del sitio Ramsar núm. 2497, de instalar una terminal marítima y un gasoducto de 832 metros, y de colocar frente a los manglares una unidad flotante de almacenamiento (FSU) y una unidad de almacenamiento y regasificación (FSRU).
El riesgo para el ecosistema
Los organizadores advierten que el impacto acumulado de las plantas, sumado a su posterior operación y a los demás componentes del proyecto, podría acabar con la mayor concentración de manglares del Caribe insular y dañar de forma irreversible la Bahía de Manzanillo. Subrayan que estos manglares, lagunas y estuarios son hábitat y zona de reproducción de especies marinas y costeras, protegen la costa de eventos meteorológicos extremos, regulan el agua, aportan nutrientes a otros ecosistemas y capturan carbono.
La querella se apoya en la Ley 307-04, la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Constitución, el Convenio Ramsar, la Ley 42-01 General de Salud, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil dominicanos.
Testimonios
En la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia de Montecristi, el pastor Remigio Báez Cuevas explicó que la denuncia busca salvar del riesgo de desaparición a los manglares del Parque Nacional Estero Balsa y al ecosistema de la bahía.
