La Procuraduría General de la República (PGR) requirió a la Dirección General de Migración (DGM) mantener vigentes únicamente los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuenten con un debido respaldo judicial, instruyendo el levantamiento de todas aquellas restricciones que incumplan con dicho requisito legal.
Como resultado de esta disposición, la DGM informó que un total de 56,140 ciudadanos han sido liberados de estas trabas administrativas, restableciéndose su derecho a viajar al exterior sin contratiempos tras determinarse que figuraban en el sistema por procesos extinguidos o por medidas impuestas sin orden de un tribunal competente.
La iniciativa surge tras más de seis meses de labores continuas de una mesa técnica interinstitucional conformada por el Ministerio Público y la DGM. Este equipo auditó a fondo las bases de datos acumuladas desde el año 1990 sin actualizaciones de oficio, identificando miles de casos que limitaban el libre tránsito debido a inconsistencias burocráticas o litigios judiciales concluidos hace años.
La solicitud oficial fue dirigida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. La directriz ordena priorizar el retiro inmediato de tres renglones de alertas:
- Registros individualizados que carecen de base legal.
- Registros históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026.
- Registros individualizados cuyos fines procesales ya fueron cumplidos.
Mediante un comunicado de prensa, el órgano acusador calificó el proceso como una corrección indispensable para garantizar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 40, 46 y 169 de la Constitución (relativos a la libertad personal, el libre tránsito y el rol de tutela de la legalidad), en concordancia con la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica continuará sus trabajos hasta completar la depuración de todo el archivo histórico. Asimismo, las autoridades preparan la puesta en marcha de un nuevo sistema de interoperabilidad tecnológica entre ambas entidades para gestionar la imposición y el levantamiento de estas alertas en tiempo real, cuya entrada en vigencia está programada para diciembre de 2026.
