La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) pidió al presidente Luis Abinader y al director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, que se apliquen medidas para que los colmados puedan adaptarse de forma gradual a la facturación electrónica. La organización considera que el sector enfrenta dificultades económicas, tecnológicas y operativas que hacen difícil cumplir con la nueva obligación en los plazos previstos.
Su presidente, Ricardo Rosario, reconoció que se han realizado encuentros y programas de capacitación junto a empresas especializadas, pero advirtió que todavía son pocos los pequeños comercios que han logrado incorporarse. Por eso, planteó extender el plazo de adecuación para las microempresas y ofrecer alternativas de facturación acordes con la realidad de cada negocio.
Rosario también propuso que la DGII facilite la emisión gratuita de comprobantes fiscales electrónicos a los pequeños negocios debidamente registrados, sobre todo cuando deban hacer operaciones comerciales con empresas o entidades formalizadas. Según explicó, esto evitaría que los colmados queden fuera de la cadena comercial por no poder emitir sus propios comprobantes.
El planteamiento se presentó durante la tercera edición del foro Conversando con los Detallistas, celebrado en Los Alcarrizos. En el encuentro participaron Alexander Cruz González, del programa A Comer del Campo al Colmado; Teodoro Adón, presidente de Empresas El Primo; y Fellito Luna, titular de COOPENADU. Los asistentes intercambiaron propuestas para mejorar la competitividad y garantizar que los pequeños comercios sigan operando.
La CNDU recordó que los colmados son una pieza clave de la economía popular dominicana, por los empleos que generan y el sustento que representan para muchas familias. Sin embargo, advirtió que enfrentan el aumento de los gastos operativos, las obligaciones tributarias, las dificultades de acceso al crédito y la presión por actualizar su tecnología. Rosario insistió en que la modernización del comercio minorista debe acompañarse de políticas que permitan a los pequeños comerciantes cumplir con las nuevas disposiciones sin poner en riesgo la continuidad de sus negocios.
