La indignación en Baní no nació del proyecto de remozamiento de 57 millones de pesos en las oficinas gubernamentales, sino de la destrucción de robles centenarios y matas de mango en pleno centro, junto a la Gobernación Provincial. Ambientalistas, estudiantes, sindicatos de motoconchistas y munícipes han expresado su repudio.
Un senador rompe el silencio
Tras días de críticas, el senador por Peravia, Julito Fulcar, habló públicamente. Dijo compartir la molestia de la ciudadanía y cuestionó que se derribaran árboles de esa forma, pero deslindó de culpa a la gobernadora Yadira Báez y atribuyó la decisión a la contratista Servicios Ingenieriles y Mineros SRL, que habría actuado a escondidas del Gobierno durante un fin de semana. Su propuesta para reparar el daño fue sembrar nuevas especies.
De acuerdo a Guillermo Pérez en Listín Diario, la explicación del legislador dejó al descubierto varias contradicciones. Resulta difícil creer que maquinaria pesada derribara árboles de gran tamaño dentro del recinto de la Gobernación sin que ningún inspector ambiental, fiscalizador de obras o autoridad municipal la detuviera. Además, la Alcaldía de Baní, encabezada por Santo Ramírez, denunció que la obra se ejecutó sin los permisos municipales correspondientes.
Ejecutar no es lo mismo que fiscalizar
Abogados ambientalistas, arbolistas e ingenieros agrónomos consultados coinciden en que una cosa es quien ejecuta el corte y otra quien debía vigilarlo. La empresa y sus operarios son los responsables materiales de la tala, pero la fiscalización recae en los funcionarios de la Gobernación, en los inspectores del Ministerio de Medio Ambiente y en la Alcaldía, que debían exigir las licencias previas y detener los trabajos a tiempo.
Sin querellas, sin sanciones y con reclamos firmes
Hasta ahora, el Ministerio de Medio Ambiente no ha presentado querellas formales ni anunciado multas o sanciones contra la contratista, y tampoco se han determinado responsabilidades penales o administrativas. Los troncos mutilados quedaron como evidencia, aunque su destino es incierto. Para la comunidad, plantar nuevos árboles no basta: exige que la empresa responda ante la justicia, que se destituyan los funcionarios que actuaron por omisión o negligencia, y que se hagan públicos el expediente técnico y el permiso ambiental que autorizó la remodelación, en el marco de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
