SANTIAGO — El Ministerio Público informó que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia que descargó de responsabilidad penal al entrenador de fútbol Celso Manuel Portela Álvarez, quien fue procesado por presunto abuso sexual contra personas menores de edad, así como por la creación, adquisición y almacenamiento masivo de material de explotación sexual infantil.
El fallo recurrido fue emitido el pasado 28 de octubre de 2026 por el magistrado Miguel Alejandro Báez, titular de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago. Durante el proceso judicial, la representación del Estado estuvo a cargo del fiscal litigante José Euclides Vargas.
De acuerdo con la postura del órgano de persecución penal, la decisión judicial vulnera preceptos del ordenamiento procesal al considerar que el tribunal inobservó la pertinencia, calidad y fuerza probatoria de las evidencias periciales y documentales aportadas en la audiencia. Con el recurso, el Ministerio Público solicitará formalmente ante la corte de apelación correspondiente la revocación íntegra de la sentencia.
Portela Álvarez, propietario de Strikerz Academy, entidad que prestaba servicios de formación deportiva en diversos centros educativos de Santiago, fue arrestado en 2024. El expediente contempla imputaciones por violación a los artículos 25 (párrafo III), 26, 396 (letra C) y 411 de la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes), en combinación con el artículo 24 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las actuaciones iniciales del caso fueron dirigidas por el Departamento de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago en coordinación con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec). La investigación se originó mediante reportes del Sistema de Servicios de Protección en Línea para Niños en Internet (ICACCOPS), tras registrarse alertas internacionales sobre tráfico de contenidos ilícitos en territorio dominicano, diligencias que incluyeron la trazabilidad de direcciones IP y allanamientos para el peritaje técnico de dispositivos electrónicos ocupados.
