SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte impuso este viernes medidas de coerción, incluida una garantía económica de RD$1.0 millón en efectivo, contra Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, investigado por el Ministerio Público por presuntas amenazas contra la figura presidencial.
La resolución dictada por el juez Wilton Oniel Peguero ordena además la presentación periódica ante el Ministerio Público cada 15 días, el impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís y la colocación del imputado bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante un período de seis meses. Durante la audiencia, el fiscal litigante Engels Luis Polanco había solicitado la imposición de prisión preventiva.
De acuerdo con el expediente, las diligencias investigativas comenzaron tras alertas emitidas por los organismos de inteligencia. Al autorizar los allanamientos mediante resolución de fecha 16 de octubre de 2026, la jueza Josefina Noemí Díaz Marte sustentó la medida en la «investigación sobre planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 6 de noviembre 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución».
De La Cruz Sosa fue detenido mediante orden judicial solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, durante un allanamiento ejecutado en un apartamento del segundo nivel de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, donde reside.
En el marco de la investigación, que cuenta con la asistencia de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Ministerio Público también allanó la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch del mismo sector, lugar de trabajo del procesado.
Según la solicitud judicial, las intervenciones estuvieron dirigidas a localizar equipos electrónicos, armas de fuego, pertrechos militares y artefactos explosivos. Durante los operativos, las autoridades ocuparon objetos electrónicos y sustancias químicas que son sometidos a evaluación pericial como parte del proceso.
