La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología pide despenalizar el aborto

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Santo Domingo. La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) y sus pasados presidentes, expresaron su satisfacción por la atinada decisión del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, de observar y hacer recomendaciones al proyecto de Ley de Código Penal.

Embarazo

En una carta enviada al Presidente de la República, la sociedad científica que agrupa a los ginecólogos y obstetras del país manifestó su preocupación por la salud y la vida de las mujeres dominicanas, considerando que de aprobarse las modificaciones sugeridas al Código Penal, “saldremos beneficiados como país, pues se reducirían dramáticamente las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna asociadas al acceso a técnicas abortivas inseguras”.

El gremio aboga también por una educación sexual responsable en las escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos, señalando que estudios e investigaciones, así como la experiencia de la medicina basada en evidencia han demostrado que los países donde se conjugan esas tres variables, evidencian bajos índices abortos inducidos.

Solicitan a los señores legisladores asumir la recomendación de despenalizar el aborto en las tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de una violación o incesto, o cuando el feto tenga malformación no compatible con la vida.

La SDOG remitió también una carta al doctor Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, solicitando a los legisladores que “consideren la oportunidad y pertinencia de que el país disponga de un código penal, acorde a los tiempos y que asegure la vida de las mujeres, especialmente de las que tienen mayores limitaciones económicas y sociales para acceder a los servicios de salud que garanticen una atención de calidad”.

Recordamos que en una comunicación remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, el Presidente dominicano observa los artículos 107, 108, 109 y 110 que conforman la sección III de la Ley de Código Penal, referente a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.

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