Justicia de EEUU investiga a Diosdado Cabello por narcotráfico

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Nueva York. La fiscalía federal estadounidense investiga a varios altos responsables venezolanos, incluyendo el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, por “haber convertido al país en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”, indicó el lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ) citando una “docena de fuentes cercanas al caso”.

Cabello

Según el periódico, “una unidad de élite de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de Nueva York y Miami se encuentran recabando pruebas provistas por extraficantes de cocaína, informantes que estuvieron cerca de altos funcionarios venezolanos y desertores del ejército” del país sudamericano.

El principal objetivo de la investigación es Cabello, número dos del chavismo y del cual habría “extensa evidencia para justificar que es uno de los líderes, sino el líder, del cartel”, de acuerdo con la fuente del Departamento de Justicia estadounidense citada por WSJ.

El pasado 21 de abril, Cabello introdujo una demanda contra tres medios de comunicación venezolanos por difundir una información que lo vinculaba a una supuesta red de narcotráfico.

En enero pasado, medios de prensa venezolanos, incluidos los tres demandados, publicaron versiones de que Leamsy Salazar, un exjefe de seguridad de Cabello y del fallecido presidente Hugo Chávez, huyó a Estados Unidos y denunció la supuesta existencia de un cartel de narcotraficantes al que presuntamente pertenecería el actual presidente de la Asamblea Nacional.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que carecen de embajadores desde 2010, se encuentran en un momento de fuerte tensión desde marzo pasado, cuando el presidente estadounidense Barack Obama firmó la adopción de sanciones contra siete funcionarios del gobierno de su hómologo Nicolás Maduro.

El decreto, que calificaba la situación en Venezuela de “amenaza” para Estados Unidos, despertó indignación en el país suramericano y en algunos de sus vecinos, e incluso una campaña internacional de firmas pidió su derogación.

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