Miles de brasileños protestaron este domingo para exigir que el Congreso ordene un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno está salpicado de un escándalo de corrupción y una economía estancada.
Las protestas se realizaron en decenas de lugares, incluyendo la capital de Brasilia y el bastión de la oposición, Sao Paulo, pero fueron mucho menores a las manifestaciones de comienzos de año en las que desafiaban a Rousseff y el Partido de los Trabajadores, actualmente en el poder.
La diferencia en esta ocasión es que ya comenzaron los procedimientos de juicio político en contra de la presidenta. El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, acérrimo rival de Rousseff, presentó la petición de juicio político a inicios de mes. La Corte Suprema suspendió temporalmente la discusión en lo que revisa cómo se conformó la comisión del Congreso para debatir la medida.
Varias de las personas en las manifestaciones vistieron la camiseta de la selección brasileña de fútbol. Otras sostuvieron pancartas condenando el partido de Rousseff por un esquema de sobornos en la petrolera Petrobras, que ha ensuciado a algunas de las figuras más influyentes del país, desde uno de los banqueros más acaudalados a un emporio constructor y líderes del Congreso.
En Brasilia, los manifestantes realizaron un simbólico funeral para Rousseff y quemaron muñecos que representaban a su mentor y predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
La mayor concentración de personas se presentó en Sao Paulo, con cerca de 40.000 manifestantes, de acuerdo con la prestigiada encuestadora Datafolha. Una enorme pancarta verde y amarilla que fue cargada por la avenida principal de la ciudad decía: “Juicio Político Ahora”.
Las protestas fueron organizadas por los mismos grupos que produjeron una enorme participación a inicios de este año, en el que se exigía el juicio político de Rousseff, cuando el proceso no había comenzado.
Pese a que la mayoría de las quejas estuvieron relacionadas con el escándalo de corrupción, Rousseff enfrenta el juicio político bajo los argumentos de que su gobierno quebrantó las leyes fiscales al utilizar bancos estatales para rellenar vacíos en la nómina.
