Santo Domingo. Alegando que la Ley 28-01, que creó una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, está causando más daños que beneficios al sector nacional, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) insistió ayer en la necesidad de que se modifique la misma.

La entidad entiende que la normativa va en contra de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que atenta contra el clima de competitividad y la lealtad, especialmente porque no paga impuestos y se ha desvirtuado la esencia para la cual se creó.



Ligia Bonetti, presidenta de la AIRD, manifestó que esa entidad, así como el sector empresarial, no tienen intención de que se derogue la Ley, sino que se cambien algunos aspectos en los que no están de acuerdo.

Por el contrario, ven favorables para ese tipo de zonas deprimidas las facilidades que establece ese reglamento.



“A lo que nos oponemos es que las mismas creen competencia desleal o favorezcan otro empleo en detrimento de otra provincia.

La primera observación que hacemos es que va en contra de la Estrategia Nacional de Desarrollo y sobre todo en cuanto a la racionalización de los incentivos fiscales y la minimización de los efectos fiscales en las recaudaciones”, puntualizó Bonetti.

La representante de la AIRD habló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto a Circe Almánzar y Augusto Ramírez, vicepresidenta y miembro de la entidad, así como Ricardo Boeing y Antonio Ramos, presidentes de la Asociación Dominicana de Industrias Textiles y de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), respectivamente.

Bonetti puso de manifiesto que hace unos ocho años que el Consejo Fronterizo sólo aprobaba, empresas de agroindustrias, como es una empresa modelo de banano y de aguacate, en la zona fronteriza y si la ley se hace para el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, da sus frutos y beneficios.

Sin embargo, el año pasado, quizás a propósito del año electoral, se intentó aprobar de manera irregular unas siete empresas que los ha motivado a dar la voz de alerta.

Puso de relieve cómo las empresas de la frontera han afectado otras con muchos años en el mercado local y que son símbolos en el país.

Hizo una comparación de que mientras ellos pagan un 29% de Impuesto Sobre la Renta; 1% de activos fijos, 18% de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados; 18% por publicidad; 16 más el específico a los hidrocarburos, 1/17% por circulación de vehículos; 1.3% a la emisión de CO2 en vehículos y 8-14/ 20% de aranceles, las que están en la frontera no pagan nada.

Por: Yanet Féliz para El Día