Santiago. Hace siete años que Bernardo Jonathan Salcedo Then llegó al Centro Correccional Juana Núñez de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal. Interno en este centro del nuevo modelo penitenciario, cursa el séptimo cuatrimestre en una universidad de Santiago, donde asiste todos los sábados, acompañado de su custodio y de su madre que lo traslada en su vehículo privado.
El recluso Bernardo, de 31 años, empezó estudiando la carrera de Mercadeo, pero por la dificultad para hacer sus tareas, porque su situación le impedía reunirse con los demás estudiantes para hacer sus trabajos, optó por cambiarse a la carrera de Derecho, en la que lleva ya más de dos años.
Su madre, Yolanda Then, de 51 años, decidió también estudiar Psicología en la misma casa de estudio, a sugerencia de Bernardo Jonathan, quien la animó a aprovechar el tiempo en que lo acompañaba todos los sábados.
Ambos, junto al teniente del Ejército Joan Barrera Fernández, jefe de seguridad del penal y custodio de Bernardo, reciben clases de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde y en diferentes aulas.
El militar Barrera Fernández cursa la carrera de Ingeniería en Softwares, y explica que las facilidades al recluso para que pueda salir del presidio y asistir al centro de educación superior existen para otros reos, pero que los demás no han llegado a esos niveles, sino que cursan aún el nivel básico o medio, cuyas clases son obligatorias para todos, además de los cursos técnicos de los que disponen.
La directora del Centro Correccional, Martha Reyes, recuerda que la facilidad se sustenta en la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario, promulgada en 1984.
El artículo 17 de esa ley establece que las «salidas fuera del establecimiento podrán concederse después de que haya cumplido por los menos un tercio de su pena, bajo la palabra de honor del recluso, con la compañía de un funcionario de vigilancia uniformado, o confiado a la custodia de alguna persona que merezca confianza».
El artículo 18 dice que la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, formada por el director del penal, un psiquiatra, un visitador social y cualquier persona que preste servicio en un departamento del presidio, «resolverá sobre el avance, retroceso, sanciones, y permisos de los reclusos sometidos a tratamiento».
Esa ley, que es la que sustenta el Nuevo Modelo Penitenciario que se ejecuta en 16 de las 35 cárceles dominicanas y que empezó a implementarse en el país veinte años después de ser promulgada, dispone también en su artículo 15 que «durante el período de tratamiento se intentará la rehabilitación del recluso, mediante la instrucción, el trabajo, la asistencia espiritual, la disciplina, la práctica de ejercicios y de sanos pasatiempos…».
La madre del interno explica que las personas que contrataba para que transportaran a Jonathan desde el Centro Correccional a la universidad, muchas veces no podían trasladarlo, razón por la que decidió abandonar cualquier cosa que tuviera que hacer los sábados para acompañar a su hijo: «Porque los demás se cansan, yo no me puedo cansar ni me voy a cansar hasta verlo fuera de aquí, si Dios quiere».
Yolanda tiene tres hijos más, dos de ellos médicos. Bernardo Jonathan es el del medio. El recluso tiene un hijo de 10 años y una niña de ocho. Su padre ha sido comerciante, principalmente en el sector panadero, negocios de los que se encargaba Jonathan antes de que la muerte de una persona durante una riña lo llevaron a la cárcel, a cumplir una condena de 14 años.
Sus compañeros de estudio de más confianza son los que saben que él es un recluso y algunos facilitadores de la universidad, por motivos de seguridad. Dice que se han enterado porque se han presentado ocasiones que no hay manera de ocultarlo.
Para sus tareas ha tenido que recurrir a los abogados y magistrados de la provincia, a los que conoce porque son del mismo municipio. A ellos les envía por escrito las preguntas, las cuales se las responden por la misma vía.
Fuente Diariolibre.com
