Durante un amplio operativo de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo contra el proxenetismo en el municipio de Boca Chica, fueron detenidas cinco personas a las cuales les fueron impuestas diferentes medidas de coerción.
Como resultado de dicha labor, encabezada por la procuradora fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, fueron arrestados Heriberto Antonio Reyes Castillo, Alcibíades María Tavárez, Iraisa Tavárez Marte, Juan Ignacio Olivares y Miguel Ángel Alejo Núñez.
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo, Oscar Moquete Cuevas, les impuso a Alcibiades María Tavárez y a Miguel Ángel Alejo Núñez una medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva a ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de la Victoria.
Mientras que a Heriberto Antonio Reyes Castillo e Iraisa Tavárez Marte, una garantía económica de 300 mil pesos, y a Alcibiades María Tavárez otra garantía económica de 200 mil pesos, éstos tres imputados deberán pagar la fianza por medio de una compañía aseguradora y presentarse periódicamente ante la Fiscalía de Santo Domingo.
Mediante la acción autorizada por un juez fueron intervenidos los centros que se dedican a prostituir mujeres identificados como Las Conejitas, Hotel Candy Shop y Casa Iraisa House.
Según expuso el Ministerio Público, el Hotel Candy Shop y Casa Iraisa House fueron clausurados temporalmente hasta tanto se concluyan las investigaciones. En el caso de Las Conejitas no fue cerrada porque no fue autorizado por el juez.
El operativo se realizó en coordinación con el general Héctor García Cuevas, director regional de la Policía en Santo Domingo Este, quien le asignó a la fiscal Olga Diná Llaverías, un equipo compuesto por 100 miembros de la institución del orden.
En la intervención a los centros nocturnos, también participaron miembros de los departamentos antinarcóticos, Trata y Tráfico de Personas de la Policía, del U.S IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT, de los Estados Unidos y de la Policía Internacional (INTERPOL).
Durante el operativo también fueron visitados varios colmadones donde se midieron los decibeles o intensidad del volumen de la música.
La fiscal titular de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, explicó que a las cinco personas se les solicitó medidas de coerción por supuesta violación de los artículos 334 y 334-1 del Código Penal Dominicano.
